El aeropuerto de Ciudad Real echa a andar con empresas de handling

Mientras llega la fecha del 15 de agosto, fijada por el juez para que CR International Airport -la empresa que resultó adjudicataria provisional del aeropuerto de Ciudad Real – desembolse el millón de euros para completar el aval, algunas empresas han empezado a tomar posiciones.

En ese sentido, el empresario José Lara Ruiz de la Hermosa acaba de constituir la sociedad Grupo Orden CR 16, con sede en el aeropuerto, para llevar a cabo actividades anexas al transporte aéreo como actividad principal, así como otras alternativas de asesoría fiscal, seguridad privada o negocios hospitalarios.

Y deja claro que lo hará como mera sociedad intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor. Un amplio objeto social para cubrir espacios de hostelería y servicios de handling complementarios al aeropuerto.

Otra de las empresas administrada por el empresario local Lara Ruiz, Grupo Orden 12, había contado con el favoritismo para resultar adjudicataria del aeropuerto, pero al final no lo logró. La oferta de Grupo Orden 12, por 55 millones de euros, realizada el pasado mes de marzo, no había sido la última para hacerse con el aeropuerto.

En mayo de 2014 lo intentó por primera vez, cuando, a través de su apoderado Asensio Madrid Muñoz, puso los 100.000 euros que el juez había fijado para entrar en el proceso de venta. Y acto seguido anunciaba que estaría en condiciones de ofrecer 60 millones de euros como testaferro de supuestos inversores británicos y del Principado de Liechtenstein.

Todo se le vino abajo a José Lara cuando saltaron a la luz los antecedentes penales de su apoderado, doblemente condenado por tráfico de drogas, en 2010, y por sobornos, desde la propia cárcel, a un sargento de la Guardia Civil.

No obstante, ya con Madrid Muñoz fuera de Grupo Orden 12, Lara Ruiz volvió a ofrecer, en el verano de 2015, una oferta de compra del aeropuerto por 38 millones de euros, que fue aceptada por el juez. La más óptima, completa y que preserva y garantiza el destino de la unidad productiva, llegó a señalar el magistrado, aunque tampoco llegó a cuajar tras anularse la subasta el pasado 27 de enero.

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