Varios parques eólicos, renovaciones y construcciones de nuevos hoteles y actuaciones de mejora en las playas aglutinan los 17 proyectos de inversión que el Gobierno de Canarias va a tramitar bajo la calificación de interés estratégico, para que su tramitación se realice de manera acelerada, acortando de manera significativa los plazos burocráticos para su puesta en marcha.
Lo hace echando mano de la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico.
En ese sentido, el texto legal establece que tienen la consideración de inversiones de interés estratégico las que sean declaradas como tales por parte del Ejecutivo canario, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas.
Entre los criterios sobre los que apoyar la declaración de una inversión como de interés estratégico para Canarias se hallan aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo? la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización.
El marco legal contempla que estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo que los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración pública canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
También se establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.
De igual se reducen a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. Lo mismo que los plazos fijados para evacuar los estudios ambientales.
