Hasta ahora, los cerca de 20.000 madrileños -en su mayoría de mayor edad y residentes en comunidades antiguas- que, confiando en las ayudas concedidas por la Comunidad de Madrid, acometieron la reforma del inmueble para instalar el ascensor, albergaban alguna esperanza de que, a pesar de que en 2012 el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre suspendiera, de manera casi total, estas ayudas con efecto retroactivo, estas pudieran reintegrarse con la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia del gobierno regional. Pues va a ser que no.
Una carta remitida por Cifuentes a la Federación Regional de Asociaciones de Madrid (Fravm) acaba de zanjar cualquier atisbo de esperanza. «Confío en que comprenda que en este momento no estamos en disposición económica ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno de los que integran dicha Ley», indicaba la presidenta.
El último halo de que la situación se recondujera se produjo hace tres meses cuando la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de adhesión al «Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016», lo que supone una partida de 71 millones de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de la región.
Tras la firma, la Fravm reclamó al Gobierno de Cifuentes que, antes de abrir nuevas ayudas públicas para la rehabilitación, abonara los 10 millones de euros que aún debe a las citadas 20.000 familias que se acogieron a subvenciones de planes anteriores.
Ahora, cuando está a punto de abrirse el plazo para solicitar las ayudas al amparo del nuevo plan estatal -se prevé para finales de enero o principios de febrero-, muchos vecinos ya han empezado a hacer llegar su decisión de que, ante lo sucedido a estos miles de ciudadanos, vayan a solicitar esas ayudas.
Nadie les asegura de que si ha pasado una vez, no pueda volver a repetirse no pueda volver a repetirse en el futuro. Y, como los ahora afectados, se queden con créditos que adquirieron, confiando en que las ayudas prometidas llegarían, y que, en muchos casos, no están pudiendo afrontar, con las desagradables consecuencias, tanto de particulares como de comunidades de propietarias enteras.
En el marco de este conflicto, el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción Número 36 de Madrid admitió a trámite una querella que presentó la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín contra Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y la malversación de 85 millones de euros recibidos del Estado para la rehabilitación de viviendas a otras partidas.
