Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la «Fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado», referido al ejercicio 2013, concluye que las valoraciones de los bienes que figuran en la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI) -especialmente las que fueron utilizadas en la carga inicial del sistema, realizadas entre los años 1987 y 1991- pueden presentar diferencias significativas, respecto al valor que actualmente tienen en el mercado.
Algo que se debe a que, desde entonces no se ha llevado a cabo actualización alguna de su valor, a pesar de los incrementos de valoración experimentada por el mercado inmobiliario.
Además, el 14% de los casi 50.000 bienes de alta en la CIBI valen cero o un euro, a pesar de que cerca de 4.000 de estos bienes disponen de valor catastral e incluso de valor de tasación.
Una falta de actualización de los valores de tasación de los inmuebles incluidos en la CIBI que directamente a la representatividad de los saldos del Inmovilizado material de la Administración General del Estado (AGE).
No obstante, el Tribunal de Cuentas señala que no parece razonable realizar una nueva valoración general de estos bienes, dados los recursos que para ello deberían destinarse. No obstante, sí considera conveniente llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan mejorar la representatividad del Inventario General de Bienes Inmuebles, no solo como soporte de la contabilidad patrimonial de la AGE, sino como instrumento de control de sus bienes inmuebles.
Entre las actuaciones, que debería abordar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que se recogen en el informe, destacan la utilización de los valores catastrales de los inmuebles que figuran con valor de entre 0 y 1, a efectos de su consideración en la contabilidad patrimonial de la AGE, el establecimiento de planes de actuación para identificar aquellos bienes procedentes de la carga inicial en la CIBI, cuyo valor en el inventario presente un mayor riesgo de estar desactualizado, y verificar si en su determinación se siguieron criterios adecuados para obtener un valor razonable.
Tampoco estará demás, entiende el Tribunal de Cuentas, promover la realización de un plan de actuación conjunto con el Ministerio de Fomento para aflorar las viviendas que potencialmente pertenecen a la AGE y que, sin embargo, no están incluidas en el Inventario General de Bienes Inmuebles ni en el Inmovilizado material de la AGE; y, asimismo, llevar al Inventario y a la contabilidad los remanentes de los terrenos sobrantes, tras las expropiaciones realizadas por la D.G. de Carreteras.
También se destaca en el informe que los múltiples inventarios que existen se llevan a través de aplicaciones informáticas de Office y tampoco existen, en general, instrucciones escritas sobre la llevanza de los inventarios en ninguno de los departamentos fiscalizados.
