El segundo intento de la Comunidad de Madrid de abordar la Ciudad de la Justicia en Valdebebas también acaba en fracaso. Tras zanjar el primero por una inversión desmesurada una vez sobrevenida la crisis, el segundo de los proyectos se planteó bajo la fórmula de la concesión.
Y, como tal, se llevó a cabo, la licitación pública. Y casi estuvo a punto de adjudicarse definitivamente, pero la presentación de un recurso y varias reclamaciones ha llevado al actual Gobierno regional, presidido por Cristina Cifuentes, a tomar la decisión de desistir también a este segundo proyecto ante la incertidumbre temporal sobre la resolución de los contratos adjudicados con anterioridad y que han sido recurridos en sede judicial.
La Dirección General de Justicia y Seguridad ha decidido, finalmente, el desistimiento del contrato de concesión de obra pública de este proyecto al haberse licitado cuando todavía no estaba resuelto, al menos, un contrato previo, ya adjudicado para el Campus de la Justicia, y que, en parte, tenía la misma finalidad.
No obstante, este desestimiento no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados.
El acuerdo de desestimación se notificará a los licitadores, a los que se compensará por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica
Se pone así fin al proceso iniciado el pasado 5 de febrero, bajo la presidencia de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid, con la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública.
Pero todo quedó paralizado cuando lo ordenó el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007, en concreto, el proyecto de los Juzgados de lo Social y Mercantil del Campus de la Justicia.
En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato. Desde ese momento, el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución.
En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación.
