Cataluña, Aragón, Galicia, el País Vasco y, ahora, Baleares, la quinta comunidad autónoma que logra la cesión de viviendas de Sareb para ser destinadas a alquiler social. Son 75, distribuidas por municipios de las cuatro islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), y el Gobierno balear deberá pagar a Sareb una contraprestación mensual de entre 75 y 125 euros por cada vivienda.
Las viviendas están ubicadas en los municipios de Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Campos, Capdepera, Es Castell, Ciutadella, Consell, Felanitx, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Palma, Sa Pobla, Santa Eugènia, Santa Eulària del Riu, Santanyí, Selva y Son Servera.
Durante los cuatro años que dura la cesión, el banco malo logra ingresos con lo que cubrir los gastos que supone la propiedad de las viviendas, y el Ejecutivo autónomo, por su parte, una bolsa de viviendas con la que atender urgentes necesidades sociales.
El acuerdo con la Sareb es una más de de las actuaciones que se están desarrollando para articular el plan de alquiler social anunciado por el Gobierno balear, de cara a poner a disposición de los ciudadanos viviendas de alquiler a precios adecuados a cada perfil económico.
Las de Sareb serán las primeras disponibles para este fin, a las que en los próximos meses se añadirán las procedentes de otras entidades financieras, una vez que se sustancien las negociaciones que están manteniendo con el Instituto Balear de la Vivienda.
Algunas de estas 75 viviendas cedidas por Sareb pueden estar en estos momentos ocupadas por personas en riesgo de perder el hogar por impagos (situaciones previas al lanzamiento o también empleos irregulares, entre otros), y, en estos casos, los afectados se podrán acoger al alquiler social en las condiciones que más adelante se establezcan.
El Ejecutivo balear no ha especificado el precio que pagarán los inquilinos por el alquiler de estas viviendas, aunque sí que, en ningún caso, puede superar el 30 % de los ingresos de los que disponga la familia, computados según la normativa vigente sobre viviendas de protección oficial en las Islas Baleares.
El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente de la Consejería, se encargará de la obtención del certificado de eficiencia energética, en caso de que alguno de los activos cedidos no lo tuviera.
También satisfará los gastos de mantenimiento ordinario de la vivienda o de las reparaciones ordinarias y asistencia técnica al arrendatario, así como los gastos propios de gestión y administración de los alquileres, entre otros.
