La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre 1 año y 4 años y 7 meses de cárcel impuestas a cinco personas por estafa en la compra de pisos sociales del ya extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), al hacer figurar a falsos adjudicatarios en lugar de los verdaderos, que eran personas fallecidas o ausentes. La sentencia ratifica la declaración de nulidad de las cuatro ventas realizadas por el IVIMA en el marco de la estafa.
El principal acusado era inspector de la entidad Gestión de Planificación Urbanística (Geplaur), sociedad que se encargaba de la gestión externa de las viviendas del Ivima que estaban en régimen de acceso diferido a la propiedad, comprobando la situación de las casas, viejos inmuebles construidos en los años 60 por la antigua Obra Sindical del Hogar, para saber si estaban vacías u ocupadas y si los inquilinos eran los adjudicatarios, a los que entregaba documentación oficial cuando era necesario.
De esta manera, cuando se inició el proceso por el que concluía el extenso periodo de amortización de los bajos alquileres que pagaban los inquilinos -una renta limitada a pagar durante 40 años para después acceder a la propiedad a cambio de la cifra que quedaba por abonar, de 2.000 a 30.000 euros-, el inspector sabía en qué casas no se encontrarían a sus legítimos dueños, por muerte o traslado.
Así, con la colaboración de un cómplice que modificó los datos informáticos sobre la propiedad de las viviendas, vendió seis de ellas a precio de saldo al resto de estafadores.
El fraude lo descubrió la propia Geplaur al comprobar que el beneficiario ficticio de una vivienda social en Vallecas no se correspondía con el adjudicatario real. Fue entonces cuando siguieron el rastro de la estafa y averiguaron que se habían modificado los registros de hasta seis hogares de forma similar, tres de ellos con apenas unos minutos de diferencia.
Ahora, con la sentencia ya firme se iniciará el proceso para recuperar las viviendas y devolverlas a sus legítimos propietarios o, en caso de que hayan fallecido, reasignarlas a personas registradas en la bolsa de la Agencia de Vivienda Social de Madrid, la entidad creada por el nuevo Gobierno regional para realizar el papel que hasta ahora llevaba a cabo el Ivima.
