Poco a poco, la Xunta de Galicia va aumentando la bolsa de viviendas de alquiler social gracias a los acuerdos alcanzados, tanto con Sareb como con los bancos. Con las últimas 20 viviendas cedidas por el Banco Sabadell Gallego, son ya 240 con las que cuenta el Ejecutivo gallego para proteger el derecho constitucional a tener una vivienda y paliar los efectos de los desahucios.
Como ocurrió con anterioridad con Abanca y Caja Rural, también con el Banco Sabadell Gallego se ha incluido en el acuerdo la garantía, por parte de la entidad financiera, de que ningún procedimiento de ejecución hipotecaria acabará con el lanzamiento de la familia de la residencia que constituya su vivienda habitual.
En el caso del banco malo, las 50 viviendas cedidas se alquilan por una renta inferior al 30% de los ingresos de la unidad familiar. Sareb percibe de la Xunta una retribución mensual que servirá para hacer frente a gastos como el seguro de daños y responsabilidad civil, los gastos de comunidad y los impuestos municipales. La sociedad presidida por Jaime Echegoyen se compromete también a realizar los trabajos necesarios para asegurar las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
Junto al logro de estas cesiones, el Gobierno gallego ha destinado casi 280 millones de euros en los últimos años para políticas que garanticen el derecho a la vivienda. Además del programa de realojos, que permite atender el 100% de los que se ven en esa situación de haber perdido la vivienda y piden ayuda cumpliendo unos requisitos básicos, se han habilitado también unos mecanismos para que unidades familiares en situación de emergencia, sin casa y sin apenas recurso, puedan resultar adjudicatarias de una vivienda en un máximo de dos meses.
La última actuación ha sido la convocatoria de ayudas del Bono de Alquiler Social, destinadas a familias que no pueden pagar el alquiler y están a punto de ser desahuciadas. En este caso, reciben 150 euros durante dos años más un pago único de 450 euros para pagar deudas pendientes o asumir los gastos propios de la formalización de un nuevo contrato de alquiler.
En otra línea de trabajo, se ultiman los detalles del Censo de Viviendas Vacías, de cara a conocer, lo más aproximado posible, el número de viviendas vacías que tienen tanto Sareb como las entidades financieras. Un punto de partida a partir del que buscar acuerdos para ponerlas a disposición de las administraciones gallegas, tanto autonómica como local.
