El colapso de dos edificios residenciales ubicados en los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar el procedimiento de actuación de las ITE (Inspección Técnica de Edificios).
«Como agentes implicados en el protocolo de inspección del estado de los edificios, desde hace años venimos denunciando el mal funcionamiento de las ITE, derivado fundamentalmente de un preocupante ofrecimiento de realización de informes a precios muy bajos y que conllevan una inspección realizada por técnicos con insuficiente experiencia en la materia», manifiesta Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
El CAFMadrid reconoce asimismo que la ITE nació incompleta pues no obliga a la realización de pruebas de diagnóstico, sino que su metodología de estudio es básicamente visual. «Si finalmente el Ayuntamiento de Madrid estudia la modificación en el procedimiento, se debería solicitar que a la ITE se adjuntara un informe de pocería realizado por una empresa especializada», dice Dorado. «Y es que», continúa, «el estado de esta instalación sólo se puede intuir con indicios, dado que es imposible en muchos casos su acceso. Si no hay síntomas claros, la inspección se dará como favorable, desconociéndose el verdadero estado de la misma».
Con todo, desde esta institución se apunta a que en ocasiones el origen del mal estado del edificio radica en las obras ejecutadas -sin control- en el interior de las viviendas. «Existen casos de propietarios que han realizado reformas de cierta entidad en su piso sin haber solicitado la preceptiva licencia de obras ni mucho menos comunicarlo a la comunidad como es su obligación», dice el vicepresidente del CAFMadrid.
«Por ello», insiste Dorado, «el Ayuntamiento debería aprovechar la realización de las ITE para controlar las obras realizadas en las viviendas, mediante la supervisión de un técnico y la solicitud de los planos originarios, pues hay reformas aparentemente pequeñas -cambiar la distribución del salón- que pueden tapar obras de mayor envergadura -retirar un pilar-«. Y concluye: «De este modo el Ayuntamiento podría sancionar a los propietarios que han puesto en riesgo la seguridad del edificio y no a la comunidad».
«Un buen momento para controlar las reformas realizadas en el interior de las viviendas es precisamente ahora que el Ayuntamiento ha anunciado una revisión de los edificios levantados entre los años 1940 y 1960 y que presentan unas condiciones de ejecución similares a los que se han derrumbado recientemente (en torno a 850 o 1.000 revisiones)», recomienda Dorado. «Ahora bien», añade, «el plan de inspección no debe quedarse ahí sino que tiene que llegar a los casi 20.000 edificios que, según el censo de 2011, se construyeron en esas fechas».
