Han sido catorce años de modificaciones permanentes a la todavía vigente Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, y, ahora, el sentir generalizado de todas las fuerzas políticas que componen la nueva Asamblea madrileña parece ir en el sentido de que esta situación no se puede volver a repetir porque, al final, los agentes urbanísticos que deben manejar constantemente la norma no saben muy bien a qué atenerse.
Por eso, con la idea de que la nueva Ley de Suelo de Madrid no se cambie cada año, se acaba de dar el banderazo de salida para elaborar un texto que sirva para cambiar el sesgo de promoción intensiva de viviendas con el que se elaboró la todavía vigente norma, para ir hacia un texto en el que la promoción residencial se acompase a las necesidades reales de la demanda.
Se trata, en definitiva, que la futura ley favorezca un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, y que sea capaz de potenciar la competitividad y dinamización de la actividad económica, haciéndola compatible con la conservación y mejora de los valores ambientales, culturales y paisajísticos.
Bajo estas premisas de partida, y coordinados por el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, se han reunido, en un primer encuentro, los portavoces parlamentarios en materia de urbanismo, representantes de la Federación de Municipios de Madrid y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para establecer un calendario de encuentros que permita avanzar en un texto lo más consensuado posible.
De nuevo, y como casi siempre que se inicia la elaboración de un texto de este calado, los responsables políticos vuelven a poner encima de la mesa la necesidad de conseguir el reequilibrio territorial atendiendo a las necesidades específicas de cada municipio en función de su tamaño y tipología.
Y, en este caso, más que nunca, ese reequilibrio se convierte en algo perentorio, dado que durante estos casi tres lustros de vigencia de la actual Ley del Suelo, la sociedad y los municipios de la región han sufrido grandes transformaciones y ahora tienen nuevas demandas sociales y económicas a las que es imprescindible dar respuesta. Eso sí, con las aportaciones necesarias de todos los agentes implicados y ofreciendo la necesaria seguridad jurídica y estabilidad.
