Los han mirado con lupa para darse cuenta de que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016 no se recogen las ayudas para hacer más llevadera la compra de pisos protegidos.
Por eso, la coordinadora de afectados ha iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos para promover una «enmienda particular» al borrador de los presupuestos, para que incluya las ayudas a la vivienda que el gobierno suprimió retroactivamente.
En estos presupuestos no se incluyen las correspondientes partidas económicas para las prórrogas de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos VPO, que afecta a más de 300.000 familias.
Estas ayudas a la vivienda fueron inicialmente suprimidas en el rdl-20/2012, de 13 de julio, en el que también se realizaron otros recortes sociales, como por ejemplo la eliminación de las pagas extraordinarias a los funcionarios de aquel año.
Ahora, el Gobierno ha dado marcha atrás a esta última medida, pero ha olvidado devolver también la supresión retroactiva que hizo de las prórrogas de las ayudas a las VPO.
Se da la circunstancia de que ambos recortes fueron justificados en el mismo preámbulo del mismo real decreto (RDL-20/2012). Por eso, desde esta coordinadora nacional entienden que si, ahora, el Gobierno considera que los motivos alegados en aquel momento han cambiado, debería también restituir las ayudas a la vivienda retroactivamente suprimidas a los afectados. Los afectados recuerdan que la arbitrariedad en las actuaciones públicas está prohibida por la Constitución.
Los afectados llevan año y medio buscando mantener una reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, pero hasta de manera infructuosa. Una de estas demandas fue presentada el pasado junio con el aval de más de 40.000 firmas sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta. Al mismo tiempo han solicitado ser incluidos en la ronda de reuniones «ruta social», pero tampoco por este lado han logrado nada.
En esa carta pedían la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos llevada a cabo en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, así como el establecimiento de unos tipos de interés justos y razonables para la vivienda protegida, de manera que se corrija la injusticia de los tipos actuales, por encima de los tipos de la vivienda libre.
