Cambio radical en la política de desahucios de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). La cruzada en esta materia que, desde su llegada al cargo, ha emprendido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pasado de las palabras a los hechos.
De momento, a las entidades financieras no les ha presionado para que ofrezcan sus pisos vacíos al Ayuntamiento por un alquiler reducido, pero sí ha dado todo un golpe de efecto al anunciar el fin de los procedimientos de desahucio de inquilinos de la EMVS, puestos en marcha por la anterior corporación, la presidida por Ana Botella.
De este modo, la empresa pública municipal va a dejar de ejercer el ‘mobbing’ que hasta ahora venía realizando sobre 220 familias -en su mayoría, personas mayores- residentes en cinco edificios propiedad de la EMVS ubicados en el distrito Centro. De ellas, 70 ya están inmersas en procesos de desahucio, que ahora se van a desactivar.
Se trata de un colectivo de beneficiarios de alquileres sociales de la EMVS que, hace tres años, fueron conminados a abandonar estas viviendas porque no se iba a renovar el contrato de alquiler. La razón, que Renta Corporación se había interesado en su adquisición. Una operación que finalmente no llegó a cuajar por la entrada en concurso de acreedores de la inmobiliaria catalana.
Estos contratos, efectuados en el marco del Decreto 100/86, se renuevan cada dos años, automáticamente, si la renta familiar no ha rebasado la prevista y si no se posee ningún bien inmueble en la comunidad de Madrid. En total, hay 2.086 contratos de este tipo distribuidos por los 21 distritos de la ciudad.
Durante estos casi tres años, los afectados por esta medida de la anterior corporación intentaron ponerse en contacto tanto con la alcaldía como con los directivos de la EMVS, pero no lo consiguieron. Además de no recibirlos, la EMVS empezó a realizar procedimientos de desahucios contra los que se resistían a salir de las viviendas alquiladas legalmente.
«Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución», aseguraba la alcaldesa, Manuela Carmena tras la reunión con la asociación. El compromiso de la EMVS se extiende a las 2.086 viviendas.
La política municipal en relación a la vivienda, ha reiterado la alcaldesa, es posibilitar el alquiler social, por lo que se está reorganizando todo el parque inmobiliario, lo que unido a la labor que está realizando la Oficina de Mediación Hipotecaria, va a potenciar para los madrileños el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución.
