El fondo de inversión Blackstone se quiere quitar la etiqueta de ‘buitre’

El fondo Blackstone lleva ya casi tres meses gestionando las 40.000 hipotecas de Catalunya Caixa adquiridas, y ya se ha hecho una idea aproximada de lo que tiene entre mano. Que unos 30.000 préstamos están en manos de hipotecados con serios problemas de pago. Y de estos, unos 1.500 créditos cuya recuperación será imposible.

En otras circunstancias, estos últimos serían ya objeto de ejecución hipotecaria, pero el fondo, con la intención de quitarse la mala imagen de ‘buitre’ que le acompaña desde que llegó a España hace dos años, va a tener un gesto, de manera que estas familias en riesgo de exclusión puedan seguir en sus casas pagando una mínima cantidad en concepto de alquiler social. Se quedan sin su casa, pero no en la calle. Esa es la idea.

Con el resto de hipotecados, cada caso es un mundo. Si perciben que, aunque con retrasos, afrontan los vencimientos, y resulta evidente que están haciendo todo lo posible para pagar, el fondo tiene la intención de ser flexible.

En otros casos, se abre la puerta a la dación en pago -entregar las llaves y cancelar la deuda – y, en otros, si se comprueba que el hipotecado cuenta con recursos suficientes y opta por hacer frente a otros pagos, antes que la hipoteca, serán objeto de ejecución sin miramiento alguno.

El fondo se ha dado un plazo de siete años, hasta 2022, para hacer rentable los 3.600 millones de euros que ha pagado por esta vasta cartera de préstamos hipotecarios con garantías sobre unas 40.000 viviendas.

El de Blackstone no es el único interesado en que esta operación salga bien. La venta, cerrada a mediados del pasado mes de abril, que dejaba expedito el camino al BBVA para hacerse con Catalunya Caixa, se realizó mediante la transferencia de dicha cartera a un fondo de titulización de activos. Blackstone aporta 3.598,4 millones y el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -entonces propietario de la entidad catalana-, los restantes 525 millone.

El FROB realizaba el pago mediante una emisión de bonos simples avalados por el Estado por importe de 520 millones -emisión que fue suscrita de manera directa por Catalunya Banc como pago por su participación en el fondo de titulización- y los cerca de 5 millones restantes en efectivo.

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