El Consejo de Ministros ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la Generalidad que modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
El Decreto aprueba una modificación general de demarcación de los registros ubicados en Cataluña, con criterios propios para la supresión, reagrupación y modificación de distritos hipotecarios, incluyendo figuras nuevas e incorporando reglas sobre el funcionamiento de los registros, asuntos sobre los cuales la Comunidad Autónoma carece de competencias normativas de acuerdo con la Constitución y su Estatuto de Autonomía.
En materia de demarcación registral, Cataluña sólo tiene competencias ejecutivas, de forma que las demarcaciones registrales y notariales que determine habrán de respetar los criterios fijados por la legislación estatal, garantía de la unidad del sistema registral, tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones. En este caso, sin embargo, la demarcación establecida por la Generalidad no obedece a ninguna regla previamente determinada por el Estado en el correspondiente instrumento normativo.
El acuerdo solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que, con la impugnación, se suspenda el Decreto y no se produzcan los perjuicios que de su puesta en marcha derivarían para la organización y funcionamiento de los registros citados.
