El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Ana Botella, ha celebrado el último Pleno de la legislatura en el que se han aprobado definitivamente algunas cuestiones urbanísticas que quedaban pendientes, como el definitivo plan especial de usos para el proyecto que el Grupo Villar Mir lleva a cabo en la conocida ‘manzana de Canalejas’, o el plan para ubicar un gran centro comercial en la calle Antonio López, dentro de la ‘operación Madrid Río’.
Otras, en cambio, se han quedado en el tintero para que sean definitivamente aprobadas por el equipo de gobierno que salga de las urnas el próximo 24 de mayo. Una de esos grandes proyectos es el del nuevo plan para poner en marcha la operación Chamartín, ahora redenominado como Distrito Castellana Norte. Han quedado por resolver las alegaciones presentadas al plan presentado por DUCH, la sociedad promotora en la que comparten accionariado el BBVA y la constructora San José.
En función de quiénes gobiernen en el consistorio capitalino a partir del próximo mes de junio, se verá si este megaproyecto sale o no adelante en los plazos previstos. Y, si lo hace, ver si esos más de 1.200 millones de euros que deben aportar las Administraciones Públicas se ponen encima de la mesa.
El último Pleno de la legislatura sirvió también para aprobar definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas, el Plan Especial para el Palacio de Congresos y Exposiciones situado en el paseo de la Castellana, números 97 y 99, promovido por el Instituto de Turismo de España del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y sirvió también para que los concejales respectivos respondieran a algunas preguntas realizadas por los miembros de la oposición.
Como el interés de la concejala Patricia García López, de UPyD, sobre la disolución de la sociedad Madrid Espacios y Congresos, sin que en su balance se registraran contablemente reclamaciones judiciales por importe de 32,6 millones de euros derivadas de la ejecución de las obras de la Caja Mágica.
También, en relación con la manzana de Canalejas, el edil Luis Mariano Palacios se mostró interesado en conocer la opinión de la delegada de Urbanismo acerca de si se pueden legalizar las obras ejecutadas que exceden de las autorizadas, y, en caso negativo, cómo va a recuperar la ciudad su patrimonio protegido y demolido.
