Lo que mal empieza, mal acaba. La Comunidad de Madrid nunca estuvo de acuerdo con la Ley estatal de Vivienda, la conocida Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Y, al final, sus subvenciones pasarán de largo por la región. No es que en el resto del Estado la cosa sea para tirar cohetes, con retrasos y más retrasos, pero, al menos, las demás comunidades autónomas sí llegaron a firmar el acuerdo de adhesión al nuevo marco legal con el Ministerio de Fomento.
Empezó el Gobierno presidido por Ignacio González presentando un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional, y luego poniendo como excusa el hecho de que no podía asumir el pago de nuevas subvenciones cuando todavía no ha procedido a reintegrar las de planes anteriores.
Las discrepancias entre Madrid y Fomento en materia de vivienda no son nuevas. Ni antes, con los Gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, ni ahora con el encabezado por Mariano Rajoy. Ya lo hizo contra la Ley de Suelo de 2007 y contra la que sustituyó a ésta en 2008.
El recurso presentado ante el Alto Tribunal contra la ley de rehabilitación de 2013 lo basaba la Comunidad de Madrid en el hecho de que, además de introducir la polémica figura del agente rehabilitador, se invadían competencias en materia de urbanismo y vivienda –que entendía exclusivas de las autonomías–, y se fijaban porcentajes mínimos de viviendas en los planes de urbanismo.
Para la Comunidad de Madrid el agente rehabilitador supone un ataque al derecho a la propiedad porque este puede expropiar una vivienda a su legítimo propietario si no cumple con los planes de rehabilitación marcados por los ayuntamientos.
Por lo que a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, la Comunidad de Madrid ya ha perdido las ayudas de los años 2013 y 2014 al no haber firmado el convenio con el Gobierno central.
Aunque desde el Ministerio de Fomento no cierran la puerta a que Madrid se adhiera finalmente al plan, aunque sea al final y de mala manera, no parece que vayan por ahí los tiros, al menos con el actual equipo de Gobierno. Y habría que esperar a ver si el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 24 de mayo cambia de opinión.
El actual Gobierno, el presidido por Ignacio González, reitera que no podría pagar las cantidades que tiene pendientes con la firma del Plan de Vivienda 2013-2016 estatal, ya que mientras se abonan las ayudas de planes anteriores habría que financiar las contempladas el nuevo modelo.
