La Generalitat de Catalunya ha acordado reforzar la protección de las familias en riesgo de vulnerabilidad residencial a través de la aprobación próximamente de un Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes, que entrará en vigor de forma inmediata.
La medida llega después de que se hayan detectado operaciones de comercialización internacional de grandes paquetes de títulos hipotecarios y de viviendas, procedentes de ejecuciones hipotecarias, donde viven familias en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno catalán entiende que en un escenario donde las entidades financieras acumulan viviendas hay que dotarse de nuevos instrumentos administrativos de intervención para minimizar el impacto sobre las familias que viven y facilitar el acceso en la vivienda en condiciones asequibles.
Así, el Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para proteger las personas en situación de vulnerabilidad residencial que aprobará el Gobierno tiene como objetivo facilitar que las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o procesos de dación en pago puedan continuar viviendo a su piso, dotarse de nuevos instrumentos para movilizar pisos vacíos e incrementar el parco público de alquiler social. Las principales medidas propuestas son las siguientes:
1. Derecho de tanteo y retracto a favor de la Generalitat o de los entes locales en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008. La medida se aplicará por un plazo de 6 años, hasta el 2021.
Quedan afectados los 72 municipios con demanda acreditada y se prioriza la adquisición por parte de la Administración de viviendas situadas en zonas con elevado riesgo de exclusión social. En las operaciones de compra de viviendas provenientes de ejecución hipotecaria, la entidad financiera tendrá que comunicar la venta a la Generalitat, que tendrá preferencia, conjuntamente con los municipios, para comprar el piso al mismo precio para destinarlo a alquiler social.
2. Obligación de ejecución de obras de rehabilitación de las viviendas vacías provenientes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago. En 6 meses desde la aprobación del Decreto ley, las entidades financieras y otros gestores de activos inmobiliarios propietarios de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago estarán obligados a realizar todas las obras necesarias para garantizar el buen estado de la vivienda o, en caso contrario, podrán ser sancionados como infracción grave. Además, si la vivienda está en uno de los 72 municipios de demanda acreditada, podrá exigirse la cesión temporal, porque la Administración realice las obras de forma subsidiaria y pueda destinarlo a familias en riesgo de exclusión residencial por un periodo de hasta 10 años.
3. Protección de los residentes en pisos que han sido objete de una ejecución hipotecaria y que sigan viviendo en alquiler social. Estas familias tendrán la consideración de colectivo prioritario a la hora de obtener una ayuda para pagar el alquiler para garantizar la permanencia a la vivienda. Se quiere evitar así el riesgo de un posible doble desahucio.
4. Creación del registro administrativo de viviendas vacías. Se tendrán que inscribir en un plazo de 3 meses las viviendas vacías u ocupadas sin título provenientes de las ejecuciones hipotecarias propiedad de las entidades financieras u otras personas jurídicas. Las viviendas de las personas físicas no se tendrán que inscribir hasta que esté aprobado el Reglamento que desarrolle el registro.
El 2014 se produjeron en Cataluña 14.230 ejecuciones hipotecarias, 10.635 de las cuales fueron viviendas en propiedad de personas físicas y 3.595, de personas jurídicas. Del total de pisos provenientes de ejecución hipotecaria, la gran mayoría son usados (12.878) y sólo 1.352 son viviendas nuevas.
Ante la extraordinaria vulnerabilidad en que quedan en muchos casos las familias que viven en estas viviendas por la moratoria del Gobierno español, el Gobierno de la Generalitat tiene en marcha varias líneas de ayudas para paliar la situación. Este último año 2014, un total de 32.363 familias recibieron alguna ayuda de los programas sociales de vivienda, un 25% más que el 2013. Además, 25.000 familias viven en viviendas provenientes del parque público de la Generalitat o de las bolsas de alquiler.
