El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, apostó por el alquiler a través de la creación de un programa nuevo: programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
Este programa buscaba comprometer a las Administraciones públicas en la generación de un parque público de viviendas que puediese servir para crear una oferta en alquiler.
Las viviendas construidas de acuerdo a este programa permitirían ofrecer una solución para los casos más extremos, aquéllos en los que no se alcanza, entre todos los miembros del hogar, ni siquiera un umbral mínimo de rentas.
Este programa responde a la idea del alquiler social, tan en boga en los medios de comunicación, y que supone el establecimiento de un límite al precio del alquiler, que oscilará entre 4,7 euros por metro cuadrado para el alquiler en rotación y 6 euros para el alquiler protegido.
Hace pocos días la Plataforma Stop Desahucios solicitaba la creación de un parque público de viviendas en alquiler de al menos 5.000 viviendas.
El Plan Estatal de Fomento decidió caracterizar el alquiler social tanto por el lado del propietario de las viviendas, que solo pueden ser entes del sector público o entidades sin ánimo de lucro, como por el lado de los destinatarios, que solo podrán serlo aquellas unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 1,2 veces el Iprem para el alquiler en rotación y 3 veces el Iprem para el alquiler protegido.
No obstante, dada la existencia de un gran stock de vivienda sin vender no se comprende muy bien porque el Plan Estatal de Fomento ha limitado este alquiler social a las viviendas de nueva construcción o que procedan de la rehabilitación de edificios públicos, dejando de lado opciones incorporadas en planes anteriores como la calificación como vivienda protegida de viviendas libres. Esta opción, vigente en el Plan de Vivienda 2009/2012 y desaparecida en el actual, permitiría dar salida al excedente de vivienda libre en poder de los promotores privados y de la SAREB, calificando dichas viviendas como viviendas protegidas en régimen de alquiler.
La Administración del Estado, a través del Plan Estatal de Fomento, apostó por la creación de un parque público de viviendas en alquiler de gestión pública o pseudo pública, mientras la Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias, ha enajenado a inversores privados las viviendas del IVIMA, las cuales se mantendrán en la situación de alquiler en las condiciones establecidas por sus correspondientes contratos. La Comunidad de Madrid ha apostado por la gestión privada del alquiler social.
Pasados casi dos años de la publicación del Plan Estatal de Fomento y después de firmados los convenios entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas necesarios para su puesta en marcha (excepto Madrid que no lo ha firmado todavía), ya es posible hacer un primer balance de situación, al menos, a nivel de intenciones.
En los convenios bilaterales se establecen las aportaciones que cada parte se compromete a realizar en el periodo 2014/2016, distribuyéndose según los distintos programas de ayuda que establece el Plan Estatal de Fomento.
El montante total de la ejecución del Plan asciende a poco menos de 873 millones de euros, que se distribuyen de la siguiente forma:
- P. de ayuda alquiler de vivienda: 235.549.117,20 (26,98 por ciento).
- P. de fomento del parque público de vivienda en alquiler: 77.439.693,00 (8,87 por ciento).
- P. de fomento de la rehabilitación edificatoria: 275.398.103,92 (31,55 por ciento).
- P. de fomento de la regeneración y renovación urbanas: 260.561.499,12 (29,85 por ciento).
- P. de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios: 14.052.936,00 (1,61 por ciento).
- P. para el fomento de ciudades sostenibles: 9.982.468,00 (1,14 por ciento).
Los fondos destinados a la creación del parque público de vivienda en alquiler ascienden a poco más de 77 millones de euros, con los que se podrán fomentar en torno a las 3.500 viviendas.
Debemos tener en cuenta que el Plan Estatal establece una subvención proporcional a la superficie de la vivienda hasta un máximo de 250 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, con dos límites: primero, que no se supere el 30 por ciento del coste subvencionable de la actuación y, segundo, que no se superen los 22.500 euros por vivienda.
Analizando los datos llama la atención el poco respaldo que ha tenido este programa por parte de las Comunidades Autónomas. Es muy importante tener siempre presente que las actuaciones a subvencionar son elegibles por parte de las Comunidades Autónomas; dicho de otra manera, que son las Comunidades las que deciden qué programas se subvenciona en su territorio y en qué cuantía. (Sobre el funcionamiento del Plan Estatal de Fomento).
Los datos arrojan un porcentaje de fondos inferior al 9%, lo que evidencia que, como titulaba el presente artículo, "El parque público de vivienda en alquiler tendrá que esperar".
Es más, hay Comunidades que no han elegido subvencionar este programa en su territorio; es el caso de Asturias, Extremadura, Andalucía, Melilla, Murcia, Ceuta, Baleares y Galicia.
Por último recordar que los importes establecidos en los distintos convenios son cantidades a las que las Administraciones se comprometen pero para su efectividad son necesarios trámites adicionales (convenios específicos para cada promoción), por lo que nada asegura que su ejecución se produzca en su totalidad. Habrá que estar atentos a las estadísticas oficiales.
