Sigue su curso la investigación judicial que se lleva a cabo por las circunstancias que rodearon la adjudicación, en el verano de 2013, de casi 3.000 pisos de protección pública del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo estadounidense Goldman Sachs, asesorado por la gestora española Azora.
La semana pasada, en el marco de las querellas presentadas por el Partido Socialista de Madrid (PSM) y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid emitió una providencia para que la Policía Judicial emita un informe relativo a la posible interrelación entre empresas y la adjudicataria, de cara a determinar la existencia de indicios objetivos de enriquecimiento por parte de de los responsables de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.
Encasa Cibeles, la sociedad a través de la que Goldman Sachs y Azora gestionan los 2.939 pisos comprados al Ivima, inició operaciones el 12 de septiembre de 2013, dos semanas después de que Azora Gestión resultara adjudicataria de 32 promociones en alquiler, con o sin opción a compra, propiedad del Ivima. Lo hizo con el capital mínimo exigido de 3.000 euros, y con el mismo domicilio, en el número 30 de la calle de Serrano, en Madrid, donde tiene su sede Azora.
Posteriormente, ya con la escritura en la mano, la sociedad llevó a cabo una ampliación de capital, hasta 21,27 millones de euros, cambió su domicilio social al número 155 de la avenida del Talgo, junto a la estación de Aravaca, y nombró a los miembros de su primer consejo de administración.
El piso bajo de la urbanización residencial en el que Encasa Cibeles va a gestionar sus activos sirve también de sede central a la promotora Larcovi y a Lazora, la mayor sociedad de vivienda protegida en alquiler de España, con 13.000 viviendas repartidas en 85 inmuebles.
Como presidente de Encasa Cibeles figura Fernando Gumuzio –uno de los fundadores de Azora junto a Concha Osácar– y como vicepresidenta, Ana Estrada, también de Azora. Junto a ellos, la representación de Goldman Sachs recae, en calidad de consejeros, en Tavis Cannell, director general de Goldman Sachs International, y Manon Meijer –sustituido el pasado mes de junio por Gerard Meijssen– y Mark Vennekens, dos altos directivos de la consultora británica Whitehall Management Services, perteneciente al fondo estadounidense.
Una de las cuestiones a investigar será la modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en pleno proceso de adjudicación de los pisos del Ivima.
Además de poder ofrecer las viviendas en alquiler con opción a compra a mayores de 35 años, y facilitar la ejecución de la opción a compra con solo un año desde la calificación definitiva (o sea, todas las vendidas por el Ivima a Azora-Goldman Sachs), el decreto modificó el artículo 18 del reglamento, el relativo a la transmisión de las promociones en alquiler a terceros.
“Las viviendas podrán ser enajenadas por sus titulares por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones, con la obligación por parte del nuevo o los nuevos titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones”, recogía el decreto.
Otro extremo a investigar será comprobar los movimientos de Bussola 99 –la sicav de Pablo Cavero Martínez de Campos, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid– cuya administración está encomendada a BBVA Patrimonios Gestora y su gestión a Goldman Sachs Internacional, siendo BBVA la entidad depositaria de la sociedad.
