Algunos, muchos, tacharán la propuesta en materia de rehabilitación que acaba de lanzar Pedro Sánchez, de mero ‘globo sonda’ sin base alguna, y con mera intención electoral a un año de la contienda para las elecciones generales.
Otros, los más afines, dirán que se trata de una propuesta plausible y que, al menos, subyace la intención de adentrarse en esta vía alternativa a la edificación de obra nueva de la que todos hablan mucho pero nadie hace nada.
La propuesta de llevar a cabo un plan específico para la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, dotado con casi 6.000 millones de euros en 10 años, permitiría rehabilitar unas 200.000 viviendas creando empleo donde más se necesita, ha sido lanzada por Sánchez en una asamblea abierta con vecinos de la Asociación de Vecinos de Los Pinos de San Agustín, en el barrio madrileño de Vallecas. Unos 1.000 de esos millones serían aportados por el Estado y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a partes iguales.
En esta historia de la necesidad imperiosa de rehabilitar viviendas en España, y que es la base sobre la que se asienta esa ley aprobada hace año y medio y que está arrancando con freno y marcha atrás, la letra grande todos la conocemos.
Números y más números para armarse de razón ante la necesidad de rehabilitar en línea con lo que se hace en el resto de países comunitarios, porque existe material para hacerlo, con más de la mitad del parque residencial con una antigüedad superior a los 30 años, y porque las consecuencias de una buena rehabilitación resultan evidentes a corto, medio y largo plazo por razones de eficiencia energética y de ahorro económico.
Pero, a la hora de la verdad, por mucho que se empeñen los políticos promoviendo leyes o, como en el caso del líder del PSOE, con propuestas en este sentido ante su eventual llegada al poder dentro de un año, para rehabilitar se requiere contar con que los propietarios de las viviendas y las propias comunidades de vecinos pongan el dinero. La mitad, o lo que sea, para llevar a cabo un proyecto.
Y no parece que las actuales condiciones económicas por las que atraviesan buena parte de las capas sociales –incluidos esos millones de jubilados que son los que suelen habitar estas viviendas potencialmente rehabilitables– sean las mejores para llevar a cabo una de estas obras, que, en función de su calibre, requerirá de aportaciones mínimas de 5.000 euros por vivienda. Una cantidad a todas luces inasumible para muchos.
