Al presidente de ACS, Florentino Pérez, se le agolpan los problemas. Solventado el del proyecto Castor, con esos casi 1.400 millones de euros que ha cobrado con el aval del Estado, tiene ahora en la venta de sus activos renovables un nuevo frente, al que le urge dar una respuesta.
O se venden ya esos activos, y a un buen precio, o en tres meses los cerca de 2.300 millones de euros que cuelgan de esos activos, agrupados en su filial Pegasus, deberán consolidar en el Grupo para cumplir con la nueva normativa contable, de manera que el endeudamiento se dispararía por encima de los 8.000 millones de euros.
Compradores potenciales hay, pero que paguen los aproximadamente 3.000 millones de euros que pide ACS, no tantos. Y la cosa no debe marchar muy bien a la vista de que una de las dos estrategias ligada a esta desinversión, como era el de la salida a bolsa de esta actividad, prevista para antes de que acabara 2014, ha quedado aplazada para el primer trimestre de 2015 por las reticencias detectadas entre los inversores.
En principio, la venta no presentaba malos números. Casi 1.060 megavatios de potencia instalada, con tres cuartas partes en la Península Ibérica, y con una rentabilidad del 5%, pero los centenares de demandas interpuestas en los tribunales internacionales de arbitraje contra el Reino de España por los cambios regulatorios introducidos no ayudan mucho.
Desde el punto de vista contable, al cierre de 2014 vence el plazo máximo de cuatro años en el que una sociedad puede mantener en su balance ‘activos disponibles para la venta’, como sucede con esta filial de renovables. Un truco para que esos actuales 2.300 millones de deuda por estos activos no consoliden en el balance.
Así pues, el cierre del primer trimestre de 2015, es la fecha tope que Deloitte, la empresa auditoria de las cuentas de ACS, ha dado para que, caso de no vender el negocio de renovables, en esa fecha deberán volver a reintegrar las plantas termosolares y fotovoltaicas en el balance del grupo, con su deuda incluida.
Aunque ACS tiene valorada en libros esta actividad en más de 3.100 millones de euros, ha tenido que aportar provisiones de más de 300 millones para ajustar ese valor a las penalizaciones introducidas por el Gobierno para las energías alternativas.
