Dos años después de que entrara en vigor la moratoria para ejecutar el desalojo de viviendas habituales, aprobada por el Real Decreto Ley de noviembre de 2012, solo se ha podido paralizar apenas el 10% de las más de 120.000 órdenes de desahucio decretadas desde entonces, con lo que cerca de de 110.000 familias no han podido evitar el lanzamiento de sus casas por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Finalizada su vigencia tras estos dos años, está por ver si el Gobierno, como ha dejado caer, decide prolongar su aplicación.
Además, los apenas 10.000 hipotecados que han podido acogerse a la medida se encuentran en una situación no mucho mejor. Es verdad que todavía residen en sus casas, pero lo hacen con una deuda mayor que hace dos años por culpa de los intereses aplicados.
Desde el primer momento la medida fue acogida con recelo por las restricciones que conllevaba. En un principio, solo se podían acoger a la moratoria aquellas familias que no tuvieran ingresos.
Después, en mayo de 2013, al aprobarse la reforma hipotecaria, se abrió la posibilidad de acogerse a la medida a familias con ingresos inferiores a 1.600 euros mensuales, siempre que la cuota hipotecaria superara la mitad de esos ingresos y que, además, el hipotecado tuviera a su cargo una persona dependiente o tuviera hijos menores de tres años.
En el fondo, lo que se percibe es que los que se han acogido a esta moratoria lo único que han hecho es retrasar el lanzamiento, y que finalmente serán desahuciados con una deuda mayor por culpa de esos intereses de demora aplicados.
Aunque algunos pensaban que las entidades financieras aprovecharían la paralización del desahucio para renegociar las condiciones del préstamo hipotecario, con una quita o alguna otra salida, lo cierto es que se están limitando una vez que el afectado se acoge a la moratoria, a contabilizar esos intereses en espera de cobrar más adelante.
Si finalmente el Gobierno decide prorrogar la moratoria, son muchos los que esperan que lo haga con la introducción de nuevas medidas para flexibilizar la situación. Las quitas, las reestructuraciones de deudas o el pago de un alquiler asequible a cuenta de la deuda son algunas de esas soluciones que podrían ponerse.
Se trata, en definitiva, de que el Ejecutivo no se fije solo en este asunto en la protección de los titulares de centenares de miles de cédulas hipotecarias, sino que también busque paliar esta situación social dramática de casi 600.000 ejecuciones hipotecarias tramitadas desde 2007.
