La inmobiliaria Reyal Urbis perdió 483,6 millones de euros a cierre del tercer trimestre del año, lo que supone incrementar un 35 % los números rojos registrados del mismo periodo de 2013 debido a los mayores gastos financieros por el concurso, a las provisiones y al deterioro de activos.
Según ha indicado la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos totales ascendieron a 80 millones, el 33 % más que un año antes, y de los cuales 15 millones fueron fruto de la actividad de promoción residencial.
El resultado de explotación arrojó unas pérdidas de 393,4 millones, el 41 % más que el dato negativo de un año antes, debido al incremento en los devengos de deuda por intereses indemnizatorios.
La inmobiliaria, en concurso desde marzo de 2013, trabaja en un plan de viabilidad con la intención de alcanzar un acuerdo con todos sus acreedores y firmar un convenio a la mayor brevedad posible.
Los ingresos por arrendamiento han soportado una minoración con respecto al tercer trimestre del ejercicio 2013 en torno al 60%, consecuencia de las desinversiones efectuadas en activos singulares.
Los costes indirectos experimentan un recorte del 20% respecto al tercer trimestre del 2013, si bien en el capítulo de gastos de personal se registra un incremento de casi el 42% tras las indemnizaciones acordadas en la formalización del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tramitado por la sociedad matriz a 31 de mayo de 2014, descontado este efecto el gasto de personal se reduce aproximadamente un 15%.
En el epígrafe de Variación de Provisiones de Tráfico y Resultado de Valoración de Activos el Grupo ha registrado las provisiones necesarias para cubrir el deterioro de los activos inmobiliarios según valoración realizada a 31 de mayo de 2014 por experto independiente.
El resultado financiero neto negativo con relación al 30 de septiembre de 2013 ha sufrido un incremento del 61% aproximadamente, situándose en los 97 millones de euros netos negativos. Esta evolución tiene su explicación esencialmente en el reconocimiento de los intereses indemnizatorios adicionales a los corrientes que la sociedad matriz del grupo, tras su entrada en concurso voluntario de acreedores, está llevando a cabo.
