Se mantiene la incógnita por saber quien se quedará con la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Si se quedará, según lo acordado inicialmente, el consorcio liderado por Acciona o si, por el contrario, es finalmente Agbar quien se lleva el gato, y nunca mejor dicho.
Todo pasa por los litigios que se deslindan en los tribunales. Y lo último ha sido una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, desestimando la suspensión cautelar demandada por la empresa Aigües de Catalunya –la sociedad a través de la cual el consorcio liderado por Acciona se hizo con el concurso- de la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC), contraria a la mayor privatización ejecutada nunca por el Gobierno autonómico. O sea, que Aigües de Catalunya debería quedarse sin el contrato, quedándose Agbar con él.
Esta sentencia mantiene la jurisprudencia dictada hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar la adjudicación pese a reconocer que se trata de la adjudicación de un contrato particularmente relevante, ya que se refiere al abastecimiento de agua a cientos de miles de personas y posee una enorme trascendencia económica.
El siguiente paso es que el Supremo se pronuncie ante peticiones que, en el mismo sentido, han efectuado la Generalitat de Catalunya y la propia Acciona. Ambas están convencidas de que no tendrán que dar su brazo a torcer hasta que haya sentencia en firme sobre los recursos contenciosos que analizan el fondo del asunto y no de las medidas cautelares.
Así pues, hay litigio para rato. Falta también que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, caso de que su sentencia fuera también contraria a la adjudicación a Acciona, sería el Supremo el que tendría que volver a pronunciarse.
Mientras tanto, BTG Pactual, el segundo accionista de Aigües de Catalunya, parece tener claro que al final se mantendrá la adjudicación y por eso no ha provisionado la inversión efectuada, de la que se han pagado más de 300 millones de euros.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Artur Mas siempre han defendido la forma cómo se adjudicó el concurso y el perjuicio económico que generaría sobre las arcas publicas su anulación, pero el Supremo cree que ese es un argumento que se puede leer también de forma opuesta.
Mientras, Agbar continúa presionando para que la Generalitat de el paso de anular la sentencia. Hace unas semanas pidió al TSJC que obligara a la Generalitat a acatar la resolución del OARCC.
