Retrasos y más retrasos en alcanzar un acuerdo sobre un tema, el del rescate público de las autovías de peaje en quiebra, que sigue encallado dos años después de iniciadas las primeras reuniones. Y lo seguirá estando por unas semanas más. En juego siguen estando esos 5.000 millones que, con quitas o sin quitas, se deben devolver
Ni la intervención directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para templar gaitas entre los bancos acreedores y los Ministerios de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, ha logrado, como era su intención, que el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el del 1 de agosto, aprobara la creación de la nueva sociedad pública que se quedaría con la mayoría de estos activos.
Al final, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos previa a la reunión ministerial no abordará el acuerdo. Siguen existiendo dudas por parte de todos.
De Hacienda, por los recelos que el rescate pueda suscitar entre las autoridades comunitarias de Bruselas, y también entre las propias entidades financieras españolas acreedoras, que deben asumir los 650 millones de los bancos extranjeros –que no quieren saber nada del rescate y han preferido cobrar ya y olvidarse del tema–, y que tampoco tienen muy claro que las cuentas les salga ni con la subida del tipo de interés del bono a cobrar en treinta años.
El último intento de desbloqueo, auspiciado por Sáenz de Santamaría, fue la oferta lanzada desde Fomento de que los bancos españoles, a cambio de asumir la deuda de 650 millones en manos de entidades extranjeras, recibieran una garantía de cobro del principal más una media del interés del 2,5%, que incluso en algunos tramos se retribuiría por encima del 4%, pero tampoco acaban de salir las cuentas.
Y luego estaría esa segunda derivada, no menos difícil de solucionar, la de convencer a la Comisión Europea para evitar que el agujero de las autopistas de pago impacte en la contabilidad nacional por la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA). En Hacienda no quieren pillarse los dedos en este tema.
Por ello, antes de dar su beneplácito al rescate, quiere tener la completa seguridad de que la propuesta cuenta con la absoluta conformidad de las autoridades europeas. Ante cualquier duda que pudiera existir, desde Hacienda, tomando como referencia un informe de la Abogacía del Estado, tienen la idea de no rubricar el acuerdo.
