El Estado parece estar pasando de largo ante el supuesto interés de los inversores por hacerse con cualquier activo inmobiliario susceptible de ser posteriormente revendido para obtener unas plusvalías.
Se cumplen dos años desde que el Pleno de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, de 8 de mayo de 2012, aprobara el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado, y los resultados no han sido los esperados.
En 2012 fueron 13,5 millones los obtenidos por la venta de fincas y por el alquiler de inmuebles. En 2013, la previsión apuntaba a unos ingresos de unos 500 millones que se han quedado en apenas 124 millones. Y para el presente ejercicio y el siguiente, la previsión es recaudar 2.500 millones por este concepto.
Esta misma semana, y hasta el próximo 12 de junio, se inicia una subasta pública al alza de 21 lotes de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado en la Comunidad de Madrid, cuyo valor de tasación conjunto es de 5,8 millones de euros y el tipo de licitación de 4,2 millones de euros.
El lote de mayor valor de tasación, por casi 1,2 millones, incluye tres parcelas en la urbanización La Berzosilla de Torrelodones. El tipo de licitación es de 853.380,8 euros. En otro lote se ofrece, por ejemplo, una vivienda en la calle Esperanza de Madrid, con una superficie aproximada de 27,5 metros cuadrados que consta de un comedor, dos dormitorios, cocina y servicio. El valor de la tasación es de 105.667,9 euros y el tipo de licitación será de 76.345 euros.
Los planes de ventas de inmuebles de la Administración del Estado se agrupan en varios centros gestores. La distinción primaria es la que diferencia los inmuebles urbanos de los rústicos, de relevancia especial en el caso de la Dirección General del Patrimonio del Estado, cuya cartera inmobiliaria presenta, desde el punto de vista numérico, una acusada preponderancia de fincas rústicas.
Dentro de los inmuebles urbanos, destacan, en primer término, las oficinas (ya sea en régimen de propiedad por pisos o en edificios completos). La Dirección General del Patrimonio del Estado, la Tesorería General de la Seguridad Social y las sociedades del Grupo SEPI son los centros que disponen de más inmuebles de este tipo para su puesta en el mercado.
La principal dificultad que puede encontrarse para su comercialización radica en la calificación urbanística de los mismos que, por lo general, no permite aprovechamientos lucrativos y exige realizar antes de su puesta en el mercado un trabajo previo de cambio de calificación -largo, costoso, y en el que la decisión final depende de terceros- a fin de que sean deseables para los inversores privados.
Igual problema, aunque con menor intensidad, se presenta en los solares. El INVIED y la Dirección General del Patrimonio del Estado son los centros que prevén poner en mercado más inmuebles de este tipo. También es destacable, por la importancia o entidad de los solares que gestiona, la posición del ADIF. La comercialización de estos activos (al igual que la de las cuotas indivisas en solares, derivadas de la participación en procesos urbanísticos), en todo caso, se verá fuertemente condicionada por la situación desfavorable del mercado inmobiliario y la escasa demanda de suelo.
ADIF, INVIED y la Dirección General del Patrimonio del Estado son titulares de un número considerable de viviendas, en situaciones diversas de ocupación. INVIED, el mayor tenedor de inmuebles de esta naturaleza, está condicionado en sus posibilidades de disposición de los mismos por la necesidad de que las viviendas provenientes de INVIFAS -sujetas al régimen especial de la Ley de Movilidad de la Fuerzas Armadas-, aún cuando tengan la condición de enajenables, deben ser ofertadas, en primer término, dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas.
