El Tribunal Supremo ha condenado a seis años de cárcel a un hombre que estafó a 63 personas, la mayoría jóvenes que buscaban su primera vivienda, cobrándoles una señal del precio de viviendas de protección oficial en construcción, y cuya compra aseguraba poder conseguir. De esa forma, estafó en total casi un millón de euros. A la mayoría de los estafados les decía que podía lograr la adjudicación a través de un contacto que trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona.
La sentencia rebaja en un año la condena inicial de la Audiencia Provincial de Barcelona al entender que el hecho de que la estafa superase los 50.000 euros sirvió para aplicarle dos agravantes distintos, lo que no es posible. Además, es condenado a devolver los 927.600 euros que cobró a los estafados en señales que iban de los 12.000 a los 37.200 euros
El condenado, en su calidad de administrador único de la entidad Wilson Bay y de apoderado de Bella Direct de la que "de facto" era su verdadero director y gestor; dedicadas ambas al tráfico inmobiliario y con sede social en la calle Riera d’Horta, en Barcelona, urdió una trama consistente en el ofrecimiento al público de la adjudicación de viviendas de protección oficial (V.P.O.) en construcción, fingiendo tener capacidad para contratar como intermediario entre los interesados y las entidades públicas titulares de dichas viviendas y, afirmando, en la mayoría de las contrataciones, tener contactos con una persona del Ayuntamiento.
Trama que puso en práctica desde septiembre de 2007 hasta julio del 2008. Las V.P.O., ubicadas en la ciudad de Barcelona y ofertadas, en concreto, por el acusado eran titularidad del Patronat Municipal d’Habitatge, de Incasol, de la Fundación Familia y Bienestar Social y de Espais Catalunya Inversions Inmobiliariès.
En el desarrollo de dicha trama, el acusado, parapateado en "sus sociedades mercantiles" antes nominadas, se anunciaba en el mercado a través de folletos de propaganda repartidos por la vía pública o por sistema de "buzoneo", y a través de empleados y conocidos suyos que, creyendo en la capacidad de intermediación que afirmaba tener el acusado, difundieron la noticia entre familiares y amigos.
De esta forma, más de 50 personas, la mayoría jóvenes que deseaban adquirir su primera vivienda, contactaron con el acusado, generalmente en la oficina donde se ubicaba la sede social de las mencionadas empresas. El acusado revestía su afirmada capacidad autorizada para la intermediación con las distintos organismos públicos titulares de las V.P.O. ofertadas, dando apariencia de legalidad al exigir a la mayoría de los interesados el cumplimiento de los requisitos normalmente exigidos.
