El mismo Gobierno que votó contra la Directiva de eficiencia energética ha comenzado a transponerla parcialmente a través de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y un proyecto de decreto sobre auditorías energéticas y promoción de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. También actualizó el Código Técnico de la edificación para elevar la calificación energética mínima de los edificios y avanzar hacia el objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo. El Gobierno ha rectificado el argumento que utilizó contra la Directiva de que la eficiencia energética supondría un retraso en la reactivación del sector de la construcción.
Lo cierto es que estas normas representan una apuesta por la rehabilitación y un concepto más racional del uso de la energía mediante la generación descentralizada a nivel de edificio y de barrio. El objetivo es la rehabilitación energética de los 6 millones de edificios con más de 50 años de antigüedad y el parque de edificios construido con anterioridad a 1.980 que supone la mitad de 25 millones. La Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética obliga a elaborar en abril de 2014 un plan nacional de rehabilitación de todo el parque de edificios, lo que supondrá el verdadero lanzamiento de la rehabilitación.
De las certificaciones energéticas de edificios se detecta que el 99% necesita actuaciones de eficiencia energética y que el potencial de ahorro puede alcanzar hasta el 80% del consumo de energía. En el Plan de Ahorro y Eficiencia energética 2011-2020 se estimaba que el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética supondría triplicar la facturación al año del sector de los servicios energéticos hasta 136.000 M%u20AC y la creación de 500.000 empleos. Estos márgenes son tan significativos que hacen de la rehabilitación una de las políticas más eficaces para la reactivación de la economía española.
Hacerlo posible va a depender de la voluntad para hacer la transposición completa de la Directiva de eficiencia energética en el plazo establecido de junio de 2014, así como el concepto de sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración y el de edificio de consumo de energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia de edificios. Ello facilitará la creación de los mecanismos de financiación previstos para respaldar las inversiones en rehabilitación energética. El primero de ellos es la creación de un Fondo Nacional de eficiencia energética con la colaboración de las entidades financieras y un sistema de obligaciones mediante el ahorro del 1,5% al año de las ventas de energía a clientes finales. El segundo serían los contratos de rendimiento energético para financiar las inversiones mediante los ahorros en el recibo de la luz, tal como prevé la Directiva y la propia Ley 8/2013.
Pero la financiación de las inversiones en rehabilitación energética exige rectificar la nueva estructura de los peajes en la factura eléctrica que penalizan el ahorro de energía e incentivan su mayor consumo, contraviniendo la Directiva 2012/27/UE que establece la obligación de eliminar las barreras que obstaculizan la eficiencia energética. Es la consecuencia de una reforma eléctrica inescrutable e incoherente que contradice e impide el desarrollo de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
