La Junta de Andalucía ha planteado zonas de reserva que alcanzan hasta los 500 metros desde la costa y bloquea la construcción de casi 45.000 viviendas. El documento está en periodo de revisión de las alegaciones para convertirlo posteriormente en ley y proteger los valores ambientales, agrícolas, forestales y paisajísticos. No obstante, en el resto del litoral existen planes urbanísticos para poder construir unas 600.000 viviendas.
Entre los demás objetivos del plan está favorecer los espacios del interior con la costa, evitar la formación de nuevas barreras urbanas y propiciar un desarrollo turístico de calidad.
El litoral andaluz lo componen 62 municipios y supone el 40,7% de la población andaluza, unos 3,4 millones de habitantes, que se multiplican en época vacacional. Genera además el 37,4% del tejido empresarial andaluz, el 72% de las plazas hoteleras, el 61% de las viviendas secundarias y actividad agrícola tecnificada. El plan costero, que cuenta con un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), afecta a 859 kilómetros de costa y 50.000 hectáreas y concluye que el 26% de la franja del litoral andaluz tiene algún nivel de protección ambiental.
Están planteadas tres categorías. Ambiental, que son los espacios naturales protegidos, montes de dominio público o la Red Natura; Territorial 1, con valores naturales o paisajísticos, donde se prohíbe cualquier tipo de edificación excepto las destinadas a la conservación del entorno, y Territorial 2, en las que se incluyen terrenos con valores naturales, agrícolas o paisajísticos que permiten la conectividad ecológica y evitan la formación de barreras urbanas. En esta última categoría se permite la construcción de cámpines, hoteles o complejos turísticos de carácter rural, e instalaciones recreativas, deportivas y de explotación agrícola.
El Colegio de Geógrafos de Andalucía ha planteado otras 29 alegaciones al plan, aunque al igual que los ecologistas, aplauden la iniciativa. No obstante, entienden que habría que hacer uno de ordenación del territorio en el litoral para evitar nuevas zonas de construcción cuando venga una nueva etapa de expansión como la vivida durante la pasada década.
En el otro lado de la balanza, los intereses de empresarios, arquitectos y alcaldes también se están dejando sentir. Piensan que si se aprueba el plan se frenará el desarrollo de los sectores turístico y agrícola. Los arquitectos, por su parte, creen que el proyecto afecta a suelos urbanizables comprados para un desarrollo concreto y que, de salir adelante, deberán asumir una cuantiosa minusvalía.
