El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un decreto ley para incluir en el Código de Consumo de Cataluña las medidas necesarias para impedir la interrupción del suministro energético a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de invierno. El proyecto establece que durante los meses de noviembre a marzo, las unidades familiares que lo acrediten estarán protegidas del corte de suministro de los servicios de electricidad y de gas.
El texto define como beneficiarios de esta medida las personas en situación de vulnerabilidad económica, es decir aquellas que forman parte de una unidad familiar que disponga de un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de renta de suficiencia –al que hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro– que no tengan posibilidad de reducir su consumo de bienes y servicios, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
Estas personas, una vez reciban un aviso de interrupción del suministro de electricidad o de gas, deberán presentar en un plazo máximo de diez días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos, o la copia de la su solicitud.
Una vez acreditada su situación, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de los servicios energéticos entre los meses de noviembre y marzo. La deuda que se pueda acumular aplazará en las condiciones que acuerden los usuarios y las empresas suministradoras, y se podrá satisfacer entre los meses de abril y octubre siguientes.
En último lugar, el texto también determina los mecanismos de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética.
Con la aprobación urgente de esta modificación del Código de Consumo, el Gobierno catalán evita el retraso de la entrada en vigor de esta medida justamente cuando se entra en invierno y responde de la manera más rápida posible a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad económica.
