Menos el palacio de la Generalitat, hospitales, escuelas públicas y otros organismos con fuerte actividad de atención al público, cualquier otro edificio administrativo de la Generalitat de Cataluña será susceptible de ser trasladado, desde su actual emplazamiento en el centro de Barcelona a otro inmueble situado en las afueras.
Es el gran objetivo que persigue el plan para racionalizar y optimizar, una segunda etapa a desarrollar tras la venta progresiva de edificios públicos: al paquete de 13 inmuebles de los que la Generalitat se ha desprendido en 2013 se añaden dos más —uno de ellos la propia sede de Economía— que acaba de salir a subasta.
El Gobierno catalán quiere reorganizar los edificios en los que ubica las instalaciones de todos sus departamentos con la intención de aprovechar mejor los edificios disponibles, vender los mejores y buscar gangas en las afueras de Barcelona para ubicar las oficinas de la Administración. Uno de los ejemplos ya realizados es el Departamento de Bienestar, que se mudó del Palau de Mar a la zona del Fórum.
El objetivo es hacer una gestión más proactiva del patrimonio, ahorrar en el gasto y aumentar los ingresos con las ventas ya logradas en 2013. Barcelona concentra el 71% de las sedes de la Generalitat, con 125 edificios en los que se ubican departamentos de la Administración. La mayoría de ellos están en el centro, y predomina el régimen de propiedad sobre el alquiler.
Los edificios en régimen de propiedad que sean atractivos para la venta se vaciarán. Los que queden se llenarán con organismos que ahora ocupan alquileres cuyos contratos pueden rescindirse.
Para optimizar los espacios, la Generalitat se ha propuesto una media de 15 metros cuadrados por trabajador. Una ratio superior a los 12 metros por trabajador que impera en la empresa privada pero muy inferior a los 25 que hay ahora mismo en la Administración catalana.
Actualmente, las oficinas del Gobierno en Barcelona ocupan un total de 377.000 metros cuadrados. Optimizando los inmuebles actuales Economía calcula que quedarían en 290.000 metros y permitiría ahorrar en costes indirectos, generar ingresos por la venta de propiedades y rescindir alquileres. Concentrándose en nuevas áreas, el Gobierno cree que podrá reducir aún más los metros cuadrados a 207.000 y reducir costes energéticos, además del ahorro en alquiler y los ingresos por ventas.
