Comunidad de Madrid y Guardia Civil han desarrollado en los últimos días un operativo conjunto de inspección en chatarrerías de la región en un esfuerzo coordinado por poner freno al robo de cobre. Se trata de una actividad delictiva que ocasiona graves pérdidas económicas a las empresas propietarias de las líneas y serios perjuicios a la ciudadanía por la interrupción, a veces prolongada, del suministro de servicios esenciales.
Efectivos del Seprona y agentes ambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han visitado por sorpresa 12 instalaciones de la región para comprobar la existencia y procedencia de cobre y la correcta adecuación a la normativa ambiental de estos establecimientos.
El objetivo de estas actuaciones conjuntas es buscar una solución integral al problema planteado por el robo de este material, actuando en este caso sobre los posibles puntos de receptación y distribución.
Esta es la tercera actuación conjunta desarrollada por ambos cuerpos en lo que va de año. En marzo y en mayo se realizaron otras dos, que se tradujeron en 33 inspecciones y otros tantos expedientes por infracción de la normativa ambiental tramitados por el Área de Disciplina Ambiental. De ellos, uno ha sido ya resuelto con multa de 20.000 euros, dos están en fase de instrucción de procedimiento sancionador, cinco han sido archivados al presentar los propietarios la documentación requerida y el resto está en trámite de diligencias previas para determinar si los hechos inspeccionados dan lugar a inicio de procedimiento sancionador.
Los agentes ambientales de la Comunidad de Madrid comprueban que los locales inspeccionados tengan la licencia correspondiente y cumplan con la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, de forma que observe las condiciones relativas a la prevención de vertidos accidentales, ruidos, contaminación de suelos o emisiones a la atmósfera.
En relación con la gestión de los residuos, controlan que la instalación tenga la correspondiente autorización de gestor de residuos y el cumplimiento de los requisitos establecidos, como que los residuos gestionados estén contemplados en la autorización y que éstos se encuentren en condiciones de almacenamiento que no impliquen riesgos para el medio ambiente.
De gran importancia para el control de los residuos, y sobre todo del cobre, es la obligación de estos establecimientos de tener un archivo cronológico en el que se contemplen los datos fundamentales de los lotes de entrada y salida de los residuos: fecha, cantidad, procedencia y destino, entre otros, así como los documentos que acreditan que los residuos que salen de la instalación se entregan al gestor autorizado indicado en el archivo cronológico.
Junto al apoyo a la prevención de hechos delictivos, las inspecciones persiguen asegurar la correcta gestión de los residuos. El compromiso del Gobierno regional en este sentido ha hecho que las inspecciones de gestores de residuos no peligrosos, en los que se incluyen las chatarrerías, se hayan doblado en 2013, pasando de las 67 del año anterior a las 150 con las que se cerrará el presente ejercicio. En total, las inspecciones de control de residuos, sean del tipo que sean, se elevan igualmente de 239 a 292.
