El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Navegación Marítima, que actualiza el régimen general sobre el tráfico marítimo y pone fin a las contradicciones existentes entre los convenios internacionales vigentes en España y la dispersa normativa existente en nuestro país.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la necesidad de actualizar el marco jurídico actual sobre la materia, ya que "tiene casi 200 años".
La futura ley dotará a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad que exige el derecho marítimo internacional e incrementará la seguridad jurídica al garantizar la coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales. Además, contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector marítimo.
Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia del sector apuntando que "el tráfico marítimo en el año 2011, en plena recesión, se incrementó un 3% y las navieras españolas facturaron 2.300 millones de euros". En España, ha añadido, "el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones se hacen por vía marítima y sólo la navegación deportiva y de recreo sostiene más de 100.000 empleos".
Asimismo, ha subrayado la participación de todos los sectores afectados: navieros, astilleros, náutica deportiva, aseguradores, remolcadores, empresas estibadoras, consignatarias de buques y despachos especializados para elaborar el proyecto de ley. La futura norma "no supondrá costes para el sector del transporte marítimo", ha asegurado.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el texto da respuesta a problemas como la lucha contra la inmigración irregular. En este sentido, refuerza la responsabilidad de los capitanes del buque para que eviten el embarque de polizones en sus buques y para que, en caso de que lo hagan, se les proporcione un trato digno.
Asimismo, identifica nítidamente a los sujetos de la navegación. El armador es el sujeto que tiene la posesión del buque y lo dedica a la navegación en su nombre y bajo su responsabilidad. El naviero es quien se dedica a la explotación de buques propios o ajenos.
El proyecto de ley incluye novedades relativas a los convenios internacionales relativos a la seguridad de las personas y a la protección del medio ambiente y del patrimonio natural subacuático. Además, actualiza normas procesales aplicables al embargo preventivo, la venta forzosa de buques o el procedimiento para la responsabilidad en materia de créditos marítimos, según ha avanzado la vicepresidenta.
También recoge medidas para prevenir la contaminación marítima y para regular y delimitar la responsabilidad en caso de accidente. Prevé restricciones de tráfico por razones de seguridad y protección marítimas, un mayor control de los buques que presenten deficiencias para navegar y la previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada forzosa.
La vicepresidenta ha aclarado que la regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación
