La consejera de Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, ha asegurado en comparecencia parlamentaria que "Canarias ha justificado la mayor parte del dinero ingresado por el Estado en materia de Vivienda", y ha recordado que solo está pendiente de justificar el 8% que ya se ha invertido en las actuaciones previstas.
"De los 117.908.417,89 euros -precisó- que hemos recibido del Estado en el periodo 2005-2012, Canarias ha justificado el 92 %, por lo tanto 108.852.582,05 euros. Los 9 millones restantes ya han sido abonados en diferentes actuaciones de promoción de vivienda en los últimos meses y en la actualidad, el Instituto Canario de la Vivienda está en fase de justificación al Ministerio de Fomento".
La consejera manifestó su preocupación porque en la actualidad "Canarias cuenta con actuaciones por valor de 18 millones de euros con calificación definitiva y el Estado no ha ingresado ni un solo euro a las arcas canarias".
La consejera intervino en el Parlamento para abordar la nueva política estatal de Vivienda a petición del grupo parlamentario popular y aseguró que "el nuevo plan estatal prioriza, como ya lo veníamos haciendo en Canarias en los últimos años, las acciones que fomenten el alquiler y la rehabilitación, pero también es un plan en el que ya definitivamente se defenestra la vivienda protegida".
"Así se consolida -detalló- con la publicación de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas en cuya disposición adicional segunda plantea la desaparición de las ayudas públicas estatales anteriores al Plan de Vivienda 2013-2016".
La consejera consideró "perverso que se aproveche una disposición adicional de una ley de arrendamiento para incorporar la desaparición de todas las ayudas que se derivaban de Planes Estatales de Vivienda como son las ayudas a la subsidiación de préstamos hipotecarios, esto es las ayudas para el pago de hipotecas de viviendas protegidas a las familias con dificultades económicas, ayudas estatales directas a la entrada y subvenciones".
Además, expuso que la desaparición de estas ayudas agravará aún más la situación económica de las familias adquirientes de una vivienda protegida ya que verán como aumenta su cuota mensual.
"El comprador tomó la decisión de comprar una vivienda protegida porque tenía una ayuda mensual y ahora ya no la tiene y de repente, se le incrementa su hipoteca en cien euros más, en un momento de crisis y de crisis de empleo. Esto podría ser motivo de incluso la pérdida de la vivienda al no poder pagar ahora una cuota hipotecaria sin subvención".
La consejera mostró la incertidumbre que generará en el sector de la construcción la desaparición de las ayudas con carácter retroactivo. "Nos preocupa de qué manera va a afectar al sector de la construcción la desaparición de ayudas concedidas en planes anteriores y que por el propio proceso constructivo todavía están vivas para la administración, sobre todo cuando ya los promotores contaban con la calificación provisional para seguir adelante con la obra", dijo.
Rojas manifestó su total acuerdo con la nueva filosofía del Plan en cuanto al fomento del alquiler y rehabilitación, pero mostró sus dudas sobre el compromiso estatal con una de las actuaciones más importantes para Canarias, la rehabilitación y reposición de barrios y los 32 convenios que ya hay firmados y afectan a más de 4.000 familias.
