Las familias andaluzas con préstamos hipotecarios vivos van a contar con una protección mayor de la que ahora tienen con el proyecto de ley que el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará la próxima semana.
Será una nueva vuelta de tuerca del Ejecutivo andaluz, todavía presidido por José Antonio Griñán, en esa especie de cruzada que mantiene contra el Gobierno central en relación a la problemática de los desahucios, y que ya ha acabado con un recurso de inconstitucionalidad por la aprobación del decreto que permitía expropiar pisos vacíos de las entidades financieras.
El futuro marco legal para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación hipotecaria busca proteger a los que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a los avalistas que respaldaron el préstamos y se convirtieron en corresponsables del pago con todos sus bienes. Además de reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
El nuevo proyecto de ley está en línea con lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, al permitir cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
Se pretende mejorar la protección de los consumidores a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos. La iniciativa tiene como prioridad la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
También se pretende complementar la actual Ley de Consumo autonómica, con la vista puesta en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
El nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
