Si contrata algún trabajo con una constructora, le toca armarse de paciencia. La pescadilla que se muerde la cola de si a mí no me pagan, yo tampoco lo hago, tiene como consecuencia que las empresas de la construcción estén pagando a una media de nueve meses.
Y en estas están los proveedores de productos de este sector. Que no ven un euro pero tienen que seguir afrontando la difícil situación de asumir sus propios gastos fiscales y el pago de sus empleados. No es de extrañar, por tanto, que casi el 30% de las empresas quebradas en el segundo trimestre fueran de este sector.
O se arregla al tema o el agujero tiene visos de alcanzar unas deudas superiores a los 50.000 millones de euros a final año, y ver cómo sigue aumentando las empresas que se acogen a la Ley concursal.
El único consuelo, por llamarlo de alguna manera, es que tampoco es que haya muchos indicios para pensar que el aumento de esa morosidad sea irrefrenable, algo imposible con la escasa actividad que se sigue registrando. Siguen sin construirse casas ni tampoco se anima la licitación de obra pública.
Y luego está lo de siempre. El gran temor de las empresas a denunciar esta situación ante los tribunales, sabedoras de que una iniciativa en tal sentido podría ser tomada por las empresas constructoras como un argumento suficiente como para no volver a contratarlas nunca más.
Y todo con la actividad en mínimos. Desde 2008 se han destruido 350.000 empleos, no se construyen casas y la caída de la inversión pública ha arrasado el consumo del cemento a niveles de hace 50 años.
Desde que comenzó la crisis, la morosidad se ha elevado en un 27 por ciento. Sin cobrar y sin poder acceder al crédito, el futuro no parece fácil. Como el plazo medio de pago, de forma constante para toda la deuda es de unos nueve meses la deuda viva permanente sería 44.185 millones de euros. A eso habría que sumar sus intereses de demora generados en un año completo de sufrir esos plazos de pago y que a un tipo actual del 8.50 por ciento, arrojaría unos costes financieros para sus empresas de 3.755 millones de euros en 2011.
Al final, esta situación lo que viene a demostrar es que, como muchos se temían, la Ley de Morosidad, en vigor desde hace año y medio, no ha servido para nada. Pese a que ese marco legal establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales, la realidad es que este tiempo se multiplica por nueve.
