Desde el principio ha sido un auténtico calvario para Acciona la adjudicación, por parte del Gobierno de la Comunidad Catalana, de la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Un sinfín de recursos de unos y otros, sentenciados, de momento, en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular el contrato y la necesidad de realizar un nuevo proceso de licitación.
Agbar se sale de momento con la suya, mientras que la decisión deja muy tocados tanto a Acciona como al propio Ejecutivo catalán presidido por Artur Mas. El tribunal pone de manifiesto en su sentencia el mal camino elegido por la Generalidad de pasar por alto lo dictaminado inicialmente por el OARCC, el órgano de mediación de los concursos públicos catalanes.
Ahora, la Generalidad solo tiene dos alternativas. U obviar la decisión judicial, y adentrarse de lleno en el camino de la prevaricación o, como dice el tribunal, anular el contrato y convocar un nuevo proceso. Cabe una tercera acción a seguir, la de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos 10 días.
En juego están los casi 300 millones de euros que el Gobierno catalán tendría que devolver a Acciona y sus socios, además de reconsiderar los 1.000 millones que ya se han apuntado como corrección del déficit en la operación a cincuenta años.
Para Acciona, el revés de la decisión judicial está en saber el camino que toma BTG Pactual, su socio brasileño en la operación. No se descarta que, tras estos innumerables imponderables con los que no contaba, liquide el pacto y no se olvide del asunto.
Hace dos semanas, previendo lo que pudiera pasar, Mas se presentó en Sao Paulo para tranquilizar los ánimos de los responsables del banco inversor brasileño asegurándoles que, en el caso de que la licitación acabara anulada, recuperarían la inversión realizada.
Los problemas con la privatización de ATLL se remontan a diciembre del año pasado, cuando el Ejecutivo catalán adjudicó al consorcio Acciona-BTG Pactual la empresa de aguas por 1.047 millones de euros. La concesión a 50 años debía permitir a la Generalitat reducir deuda y evitar mayores recortes sociales.
Todo se complicó cuando Agbar, perdedora del concurso, impugnó la adjudicación por considerar que la oferta ganadora incumplía los pliegues de condiciones. El órgano administrativo de recursos contractuales de la propia Generalitat ratificó estas irregularidades, avalado ahora también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
