Madrid. La ministra de Fomento, Ana Pastor, no está dispuesta a que las concesionarias de autovías en quiebra –aquellas que han resultado un auténtico fiasco– salgan de rositas en el envite. Si las cuentas no salieron como pensaban, pues deberán apechugar con las pérdidas. En este tira y afloja siguen las negociaciones entre el Ministerio y esas concesionarias en quiebra para ver cómo cuadrar el rescate.
No duda la ministra que las infraestructuras son un elemento esencial y vertebrador de la sociedad cuando son necesarias, pero no hay nada peor que una infraestructura innecesaria, algunas de las que se han pagado o se levantaron con dinero prestado.
Sobre la mesa, dos planes de rescate, el elaborado por el Ministerio, con la colaboración de Ernst & Young, y el alternativo, elaborado por Deloitte a petición de Seopan, la patronal de los constructoras, mucho más beneficioso para los intereses de las empresas afectadas, de manera que el agujero en sus cuentas fuera lo más reducido posible.
Si no cambian mucho las cosas, se hará lo que planteó el Ejecutivo hace dos meses. La creación de una empresa pública que englobe las autopistas, el 100% de la deuda que cuelga de ellas, y de la que repartiría el 20% del capital entre las citadas empresas privadas. La firma pública está valorada en 608 millones y el paquete de los socios privados sería de 122 millones.
El que no acepte, ya sabe lo que hay. Tendrán que hacer frente a las cuentas de compensación para cubrir parcialmente la caída de tráfico y créditos participativos para el pago de expropiaciones. Como no podrán, a las entidades financieras acreedoras no les quedaría otra que ejecutar los créditos garantizados por las propias acciones de las concesionarias. Al final, por uno o por otro camino, de lo que se trata es que las empresas asuman su responsabilidad en el fiasco de estas autovías.
Fomento ya ha pactado con la banca acreedora de las autopistas una reestructuración para la deuda de las nueve concesionarias, que incluye englobar créditos en un primer tramo de 3.700 millones con un tipo medio del 2,6%, y una inyección de deuda nueva por 1.200 millones para atender los costes pendientes por expropiaciones y que pagaría una media del 6%. Los dos se amortizarían en 30 años y la Administración aportará 980 millones, la mayor parte al final del crédito, para hacer frente a los pagos.
