Madrid. Aviso a navegantes sobre lo que pueda pasar en el futuro. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha querido esperar a que el Ayuntamiento de Madrid apruebe, supuestamente en agosto próximo, la revisión del Plan General de 1985 y modifique el de 1997 para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de septiembre ratificaba la nulidad de 21 ámbitos urbanísticos.
Justo un día después de que el Consistorio encabezado por Ana Botella aprobara inicialmente la referida revisión, el Ejecutivo central movía ficha para poner punto y final a la nunca iniciada ‘Operación Campamento’. “Resulta inviable desde el punto de vista jurídico-urbanístico, ya que “invalida las previsiones de recuperación de inversiones, con grave merma de la rentabilidad de la operación”, argumentaba el Gobierno.
Lo hacía dejando en papel mojado el convenio firmado el 21 de octubre de 2011 por el que la entidad estatal Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, adquiría el suelo de Defensa destinado a la construcción de viviendas en las Instalaciones Militares de Campamento. La razón está clara: “minimizar los efectos ocasionados por la inviabilidad del convenio tras la sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 que anuló el planteamiento urbanístico en esta zona”.
Todo queda ahora pendiente de que un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Fomento, a través de la entidad estatal de suelo Sepes, y el Ministerio de Defensa, mediante el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), restituya los terrenos a su propietario histórico.
En ese acuerdo se declararán extinguidas las obligaciones pendientes de pago por parte de Sepes por la compra de los terrenos y se restituye al Invied la superficie equivalente al 75 por 100 de las fincas registrales previamente transmitidas. Respecto a las cantidades ya entregadas y el mantenimiento de la propiedad de Sepes sobre el 25 por 100 de los terrenos no restituidos, queda pendiente de lo que resulte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1985.
Fomento mantendrá el 25% de los terrenos, para compensar los 37,6 millones ya desembolsados, pero a la espera de cómo y cuándo se aclara la situación administrativa. El Ayuntamiento planea tener resuelto el revés de la sentencia en agosto. El 75% de suelo restante, por el que Fomento se comprometió a pagar 112,9 millones, seguirá en manos de Defensa. Si las condiciones vuelven a ser las previas a la sentencia, y vuelven a serlo antes del 31 de diciembre de 2015, Fomento mantendrá su 25% del terreno. En caso contrario, esos 37,6 millones pagados se cubrirían con otros terrenos de Defensa, que se quedaría todo Campamento.
