Madrid. Críticas de grueso calado ha suscitado el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales presentado por el Gobierno, especialmente en el campo de los administradores de fincas. De “error de incalculables consecuencias” lo calificaban la mayoría de los que se han pronunciado acerca de la nueva norma, que retira la colegiación obligatoria y que, por ende, agrava la envergadura de la crisis al poner en jaque la seguridad jurídica en el sector inmobiliario.
Consideran los administradores de fincas colegiados que su labor aporta la muy necesaria protección del único segmento de este sector que funciona adecuadamente, el de la conservación y administración del patrimonio de los ciudadanos, y ello gracias a que, en su labor, siempre han exigido a los poderes públicos la máxima protección legislativa, por su interés público y social, de los ciudadanos en un bien tan sensible y necesario como es la vivienda.
Creen que el elevado volumen económico de los fondos que se precisan y la creciente complejidad para llevar a cabo un adecuado mantenimiento de los edificios, requieren profesionales bien organizados con una estructura colegial que proporcione garantías a los consumidores.
En relación a la cualificación, esta es fundamental para garantizar que la misma acredita que se poseen los conocimientos necesarios para la prestación de sus servicios con los mínimos riesgos para el consumidor. En este sentido, el reconocimiento por las autoridades académicas de España del Título de Grado universitario para el ejercicio de la actividad profesional del Administrador de Fincas, a través de un título oficial y homologable en todo el territorio español y europeo, proporcionando las debidas garantías académicas para el ejercicio de la profesión e incorporación colegial, es ya una realidad que justifica el reconocimiento de las autoridades europeas.
Respecto a uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para presentar este proyecto, el de las trabas para la competencia, los administradores entienden que no es así y que, en contra de lo que se pretende, el actual sistema es el que más seguridad ofrece de todos los países europeos a consumidores y usuarios, porque sus garantías y sus controles permiten a los profesionales prestar sus servicios en un mercado totalmente libre y con una regulación adecuada a las exigencias europeas. "No entendemos por qué se mete en esto el Gobierno, que dice que es para fomentar la competencia pero lo que debe hacer es defender la competitividad, que haya un servicio de calidad y garantías", apuntan.
