Madrid. El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid denuncia que en ocho de cada 10 edificios residenciales no se llevan a cabo obras por las condiciones poco preferentes de las líneas de ayuda. “Un problema que esperamos que se reduzca con el plan de ayudas económicas anunciado por el Gobierno para incentivar la rehabilitación, aunque soy poco optimista”, reconoce Miguel Ángel Muñoz, presidente del Colegio.
Las comunidades de propietarios tienen que realizar obras para cumplir con su obligación de mantenimiento y adaptación a las nuevas normativas. Un gasto que hasta el momento está siendo financiado por medio de recibos extraordinarios y/o subvenciones a fondo perdido que proporcionan los organismos públicos. Sin embargo, las cuantías subvencionables no son suficientes y en estos momentos de coyuntura económica “es necesario que las diferentes administraciones aprueben y pongan al alcance del ciudadano nuevos instrumentos de financiación que garanticen la seguridad, habitabilidad y salubridad de los edificios”, solicita Muñoz. Y es que, “aunque existen líneas de ayuda estatales, autonómicas y locales, éstas no son efectivas por estar gestionadas por entidades financieras con unas condiciones poco preferentes”, señala.
Por ello el Colegio de Administradores de Fincas madrileño demanda que las cantidades que los organismos públicos dotan, año tras año, en concepto de subvención para la rehabilitación de edificios, se convierta en un fondo de liquidez destinado a las comunidades de propietarios a un tipo de interés bajo (1-2%, similar al que se presta a las entidades de crédito) y un plazo de amortización de hasta 10 años. “Esta propuesta debe entenderse como un instrumento que sea rápido en su gestión y esté avalado por un administrador de fincas profesional que, en calidad de secretario de la comunidad, proceda de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal a transcribir en el acta las condiciones y obligaciones de solicitud y devolución de la cantidad prestada”, explica Muñoz.
“De esta forma lo que en la actualidad se gasta en subvenciones se prestaría, no sería un gasto, ayudando con ello a reducir el déficit”, dice el presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Así, “el conjunto de las comunidades de propietarios, y no solo una parte, podrían optar a la financiación, ya que el dinero no se agota sino que se recupera el principal del préstamo más los intereses y las dotaciones de los años siguientes”, aclara.
Además, la concesión de subvenciones a fondo perdido está restringida a las comunidades de propietarios que cumplen mejor los requisitos establecidos por cada administración, “dejando fuera a un gran número de inmuebles que no pueden justificar la necesidad de realizar las obras para recibir la ayuda”. El objetivo de esta propuesta es que el dinero público sea utilizado por toda la sociedad, justifica el presidente del Colegio Profesional.
Con esta medida el Colegio está convencido de que se dinamizarían las actuaciones de rehabilitación, las empresas se consolidarían al recibir el importe de su trabajo de forma inmediata; se crearía empleo y el ciudadano sería perceptor de primera mano de un servicio público. Además, las distintas administraciones generarían ingresos: municipales por las licencias y estatales por el IVA. “El dinero público dotado en los préstamos circularía por la sociedad, por las empresas contratadas, los trabajadores y el consumo; los edificios se renovarían eficientemente; y el capital público se recuperaría íntegramente más los intereses, generando un fondo que haría posible dotar de liquidez a las comunidades”, resume Muñoz.
Finalmente, la institución colegial madrileña exige una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para dotar de plena personalidad jurídica a la comunidad de propietarios para todas las operaciones que tengan que ver con su funcionamiento. Según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, el Real Decreto-Ley de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, aprobado en 2011, y que faculta al presidente a formalizar préstamos para acometer obras de rehabilitación “se ha quedado corto”, y debería ampliarse, previo acuerdo de la junta de propietarios, a la figura del administrador de la comunidad. La institución colegial también se queja, a través de su presidente, de que las entidades bancarias vulneran este Real Decreto-Ley y no abren sus líneas de crédito para la rehabilitación de edificios.
