Madrid. Aunque no son pocas las voces, sobre todo por parte de aquellos colectivos directamente interesados por su labor profesional, de que habría que aprovechar la crisis y el parón del mercado inmobiliario para continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de actuaciones que se han quedado paradas, al objeto de que cuando se inicie la recuperación no se pierda más tiempo, lo cierto es que la paralización es prácticamente total.
Los promotores ya no llaman todos los días a las puertas de los ayuntamientos como lo hacían hace años, durante el ‘boom inmobiliario’, y eso se nota en el parón registrado en la tramitación urbanística. Estos, por razones obvias, no están en condiciones de tirar hacia adelante con el lastre de sus pesadas cargas financieras, y los bancos, propietarios mayoritarios de los terrenos que aquellos han tenido que ceder, están más pendientes de deshacerse de ellos cuanto antes que de afrontar adicionales gastos de planificación y urbanización.
Y lo que sale adelante, cuando de planes generales hablamos, responden a desarrollos de pequeños municipios que llevan décadas sin revisar el planeamiento, y que lo hacen ahora con una previsión de construir una cantidad mínima de viviendas. De lo contrario, si las pretensiones municipales resultan excesivas los planes están abocados a ser devueltos para aplicar severos recortes. Lo que se aprueba sin dificultades son planeamientos en el que queda un porcentaje muy elevado de suelo no urbanizable de especial protección.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, habría que remontarse a 2009 para encontrar los últimos planes generales aprobados por la Comunidad de Madrid bajo las premisas de gran crecimiento. Meco y Móstoles lograron recalificar suelo para 6.770 y 13.500 nuevas viviendas.
