Madrid. El concepto no siempre bien entendido de los apartamentos turísticos vacacionales se va abriendo poco a poco su nicho de mercado en España. Aunque pesen sobre él no pocas dudas por el alto grado de intrusismo e ilegalidad, se trata de un producto que empieza a ser tenido en cuenta por algunos agentes del sector hotelero, como un valor refugio en estos tiempos que corren.
A finales de mes, el grupo de apartamentos vacacionales Pierre & Vacances pondrá en marcha un establecimiento en el barrio sevillano de Triana tras el acuerdo de gestión alcanzado con Inalcoven, propietaria de un complejo de 48 apartamentos con capacidad para acoger hasta seis personas.
A pesar de tratarse de un inmueble, su adaptación al nuevo producto ha requerido de una inversión de casi 400.000 euros. Operará con la categoría de aparthotel y el diseño de su reconversión turística ha corrido a cargo del estudio Román & Canivell Arquitectos.
Para el grupo galo no es nueva esta experiencia, ya que, a través de la marca ‘Adagio’, una ‘joint venture’ al 50% con la cadena hotelera Accor, cuenta desde casi un año con la primera unidad de apartamento vacacional en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) –en este caso más dirigida al turismo de negocio– y mantiene en estudio diversas posibles localizaciones en Madrid y en Barcelona.
El concepto de apartamento vacacional no es nuevo en España, pero su escasa implantación, a diferencia de la que tiene en el resto de Europa, lo hace ser susceptible de crecimiento gracias, sobre todo, a la situación económica.
Se trata de un valor refugio para muchos clientes que buscan la mayor libertad y calidad que estas instalaciones proporcionan. No obstante, su crecimiento deberá venir acompañado de una mejora de la comercialización así como de fortalezas añadidas, con mejoras en la seguridad para el cliente, la adecuada profesionalización y campañas 3.0 de fidelización.
Crecimiento que también debería venir acompañado de una lucha sin cuartel contra el intrusismo de aquellos apartamentos ilegales sin licencia que no pagan impuesto alguno. Todo el mundo sabe de estas prácticas y basta navegar por algunos portales de la Red para comprobarlo, pero nadie, desde las diferentes administraciones, toma medidas lo suficientemente contundentes para su persecución.
