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La Comunidad Valenciana está construyendo un modelo energético sostenible

Valencia. Alberto Fabra ha afirmado que la Comunidad Valenciana esta construyendo un modelo energético sostenible que asegure la energía que necesitamos” durante su visita a la empresa Schneider Electric en Meliana.

Fabra ha destacado que la eficiencia energética y la gestión de la energía “son una herramienta estratégica para la mejora de la competitividad en la industria y en el tejido empresarial valenciano” y que el uso eficiente de la energía ha sido siempre una de las prioridades de la Generalitat.

Al respecto, ha informado que actualmente la factura energética de la Comunidad Valenciana asciende a 9.099 millones de euros, lo que representa el 9 por ciento del PIB de la región. Igualmente, ha señalado que por cada euro de incentivo en eficiencia energética se reduce la factura energética anual de una empresa en 1,25 euros.

Además ha recordado que las medidas de ahorro y eficiencia energética que desarrolla el Gobierno Valenciano tienen como objetivo la reducción del consumo energético en todos los sectores de la sociedad. “Gracias a estas medidas, la eficiencia energética de la Comunitat ha mejorado un 18 por ciento en los últimos cinco años, lo que se traduce en una reducción de la factura energética de 2010 en 1.817 millones de euros”, puntualizaba.

Fabra ha recalcado que el Gobierno Valenciano seguirá trabajando para mejorar aún más la eficiencia energética de la Comunidad y reducir en un 1,5 por ciento anual la cantidad de energía consumida y lograr que alrededor de un 45 por ciento de la potencia de generación eléctrica en servicio proceda de energías renovables al final de esta legislatura y que supere el 50 por ciento en el año 2020.

También ha apostado por conseguir la reducción del consumo y costes energéticos propios de la Administración Autonómica en un 5 por ciento en 2012 y un 20 por ciento en 2016, así como movilizar inversiones por valor de 8.925 millones de euros hasta el año 2020 en materia energética mediante una política energética institucional de incentivos e inversiones, en un marco de colaboración público-privada que optimice los recursos públicos existentes.

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