Madrid. Se lleva hablando de banco malo ni se sabe, y ahora parece que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy quiere presentarlo definitivamente el próximo viernes 24 de agosto en el primer Consejo de Ministros para que esté operativo en noviembre. Y poco más.
De momento, lo único que se conoce es que todo está por hacer y que se ha contratado a media docena de auditoras, evaluadoras o consultoras por un montante que ya se aproxima a los 10 millones de euros de capital público, aportados por el Fondo de Reesctructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Eso, y que existen unos parámetros de partida, los que el propio Ejecutivo puso sobre la mesa el pasado mes de mayo, a instancias de la Unión Europea, para que esos activos tóxicos inmobiliarios salgan de los balances de las entidades financieras y que, en el plazo de diez años, un periodo en el que se supone que ya la situación económica habrá mejorada, proceder a su venta en el mercado.
El problema, como siempre, el dinero. El de fijar cómo se valoran hoy esos activos, y cómo se financia su compra inicial. Según el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado con el Eurogrupo para ese rescate de hasta 100.000 millones de euros para sanear a la banca españoles, ese banco malo tendrá que adquirir a las entidades que se recapitalicen sus activos dañados a un precio superior al de mercado, con la idea de que no tengan que asumir todas las potenciales pérdidas que no tuvieran cubiertas con provisiones.
Sí se sabe ya quien será la sociedad gestora. La elegida para diseñar y gestionar la operación ha sido la firma estadounidense Álvarez&Marsal quien, a su vez, ha subcontratado la mayor parte del trabajo a los abogados de Cuatrecasas y a la firma auditoria PwC. Serán los estadounideneses –los mismos que se encargaron de liquidar Lehman Brothers– los que recibirán los activos tóxicos de Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia.
