Madrid. El Gobierno y las Comunidades Autónomas –las gobernadas por el Partido Popular solo ‘sotto voce’ por razones obvias– han vuelto a poner en evidencia que las diferencias sobre el tratamiento acerca de cómo hacer frente a la reducción del déficit y al pago de las deudas parecen irreconciliables.
Y, lo que es peor, en las altas esferas de la Eurozona y del FMI, sobre todo aquellas más proclives a que España solicite el rescate total de su economía, toman nota de esas diferencias para armarse de razones.
Los últimos acontecimientos no apuntan precisamente hacia una mejora. El Estado anuncia que ha aumentado el déficit público en buena parte por las transferencias realizadas a las autonomías, y éstas, como siempre, no parece que tengan suficiente.
Entre enero y junio los pagos no financieros efectuados por el Estado ascendieron a 82.082 millones, un incremento del 18,6% frente al mismo periodo de 2011, debido una vez más al adelanto de transferencias a otras administraciones públicas, con especial incidencia a la Comunidades Autónomas. Además, como consecuencia de la política del Gobierno de adelantar liquidez a otras administraciones, los pagos por transferencias corrientes aumentaron hasta junio el 38,1% hasta un total de 50.947 millones de euros, una inyección de liquidez que ha ido a parar principalmente a Comunidades Autónomas y Seguridad Social.
Cataluña ha abierto la brecha anunciando que no puede hacer frente a las subvenciones comprometidas con hospitales y centros asistenciales concertados, con lo que unos 100.000 trabajadores habrán visto este mes de julio cómo sus nóminas se han visto reducidas entre un 20% y un 70%. Y que en agosto ya se verá.
Y desde el Ejecutivo presidido por Artur Mas se escudan en que las condiciones de cumplimiento impuestas por el Gobierno son leoninas y, además, ponen en entredicho a la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria que, según aseguran, obliga a pagar antes las deudas a las entidades financieras que a otras entidades o instituciones.
En el fondo, lo de siempre, mientras el conjunto de las autonomías no afronte un ajuste severo de sus estructuras administrativas, con la eliminación sin más de empresas públicas a todas luces prescindibles y de recortar el gasto de las restantes cuya continuidad sí podría ser necesaria, no habrá previsión, por mucho que el Gobierno se empeñe, que salga adelante.
