Madrid. Y eso que la ayuda al sistema financiero no tenía condiciones. No sé qué hubiera pasado si las hubiera tenido. Nada menos que 65.000 millones es lo que España tiene que ahorrar en dos años y medio si se cumplen a rajatabla todas las medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, para cumplir con las recomendaciones obligadas por parte de las autoridades comunitarias.
Recorte que van a pagar todos los ciudadanos –sea cual sea su nivel económico, estén o no parados, o hayan o no sacado sus dineros fuera de España– a través de las subidas del IVA, tanto del tipo general (hasta el 21%) o del reducido (dos puntos más, hasta el 10%), que también lo van a notar los funcionarios cuando el próximo mes de diciembre no reciban la paga extraordinaria o, en menor medida, los partidos políticos, las centrales sindicales y las organizaciones empresariales, o los nuevos parados que, a cambio de mantener el tope máximo de 24 pagas, verán reducida la prestación a partir del sexto mes.
Medidas drásticas que, al menos en el caso del IVA, habrá que ver si se alcanza el objetivo recaudatorio que encierra, toda vez que en lo que va de año, antes de la subida, la recaudación por este concepto impositivo indirecto se ha reducido un 10% sobre lo presupuestado. En números redondos, se busca obtener unos 19.000 millones de euros más, siempre que el consumo se mantenga en los términos actuales, algo que se antoja difícil de casar con esos 4.000 millones menos que van a tener los empleados públicos o los más de 1.000 millones de recorte que tendrán los parados.
Y luego está el fondo de toda esta batería de medidas. Se habla de que no había otra vía, y de que es la única manera para que España se recupere. Pero, sí que había otras medidas. Si en vez de poner el énfasis del recorte en empleados públicos y parados se hubiera equilibrado el mismo imponiendo algún impuesto a las grandes fortunas, pues quizás aquellos hubieran tenido la sensación de que, efectivamente, todos hubieran contribuido al ajuste, pero no ha sido así.
Tampoco hubiera estado de más afrontar, de una vez por todas, el gasto de las Comunidades Autónomas. Es verdad que soportan sobre sus espaldas el coste del sistema sanitario y educativo, pero también lo es que siguen manteniendo estructuras megalómanas, con cientos de empresas públicas, duplicando y hasta triplicando competencias con las administraciones locales, defensores del pueblo, o televisiones regionales a todas luces prescindibles.
Y la gran pregunta que uno se hace. ¿Qué pasará si, a pesar de todo, se observa que resulta imposible llegar a esos 65.000 millones de ahorro? Pues que los mismos que han impuesto esta cantidad –la UE, el BCE y el FMI– volverán a presionar al Ejecutivo español con la necesidad de nuevos recortes. Vengan de donde vengan. A los acreedores de nuestra deuda lo único que les interesa es tener la seguridad de que van a recuperar el casi billón de euros, con sus respectivos intereses, aportados en comprar deuda pública española. Lo demás les trae al fresco.
En este sentido, quedaría margen para quitar la otra paga extra a los empleados públicos, reducir todavía más las prestaciones que perciben los parados o elevar el tipo general del IVA al 23%, el porcentaje que solo aplican, además de Polonia, los tres países cuyas economías ya han sido intervenidas: Irlanda, Portugal y Grecia.
