Madrid. Si el sector inmobiliario residencial no levanta cabeza desde hace dos años, tiene toda la pinta de que va a seguir sin levantarla durante algunos años más ante las medidas contrarias a facilitar la compra que están a punto de ponerse en marcha por el Gobierno para cumplir con las obligaciones impuestas desde el Eurogrupo.
A regañadientes, quizá, pero de manera inexorable como contrapartida a la llegada del préstamo solicitado para rescatar al conjunto del sistema financiero. Se acaba la deducción fiscal y, además, se aumenta el tipo impositivo del IVA que, si sigue la media aplicada en el resto de los países de la UE, se irá al 16%, cuatro veces más que el existente hoy en España para la compra de vivienda nueva.
Son medidas que no auguran precisamente un incremento de la demanda. Todo lo contrario. Seguramente se producirá, en un primer momento, un retraimiento hasta ver en qué quedan estas medidas que el Gobierno está negociando con las autoridades europeas y, con posterioridad, una vez que se tenga la certeza de su alcance, la decisión definitiva de posponer la compra.
Si a estas obligaciones por parte de la UE se unen las cada vez más altas condiciones hipotecarias impuestas por los bancos, con unos diferenciales cinco veces superior al tipo de interés oficial, la consecuencia lógica es que esas 347.000 viviendas vendidas en 2011 será una cantidad que se antoja difícil de alcanzar, no ya en 2012 sino en ejercicios posteriores.
Como el IVA no se aplica sobre la compra de vivienda usada ni tampoco en la mayoría de los pisos que vende la banca al tratarse de una segunda transmisión, serían los promotores inmobiliarios los grandes perjudicados de subir el IVA para la vivienda. Si hoy se pagarían 6.000 euros por la compra de una vivienda nueva de 150.000 euros, si el tipo que se aplica está en línea con la media europea del 16% el importe a pagar subiría hasta 24.000 euros.
