Madrid. Una Orden del Ministerio de Fomento, publicada en el Boletín Oficial del Estado, ha modificado otra de 2009, por la que se fijaba el volumen máximo de préstamos convenidos a conceder en el periodo 2012 por las entidades de crédito colaboradoras en la financiación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
La cuantía territorializada máxima del volumen de préstamos convenidos necesarios para financiar las actuaciones protegidas convenidas para el período 2012, a conceder por las entidades de crédito colaboradoras del Plan, se fija en 7.248.942.086 euros, distribuida por Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla según figura en el anexo a esta Orden.
No obstante, el conjunto de las entidades de crédito colaboradoras podrá conceder cuantías adicionales de préstamos convenidos, por una cuantía máxima total de 700.000.000 euros. Esta cuantía adicional se destina a facilitar, en su caso, los reajustes de objetivos que pudieran tener lugar en cada una de las citadas comunidades y ciudades en el curso del período 2012, de conformidad con los convenios de colaboración con el Ministerio de Fomento, así como para completar, en su caso, las eventuales necesidades de financiación adicional en cada una de aquellas.»
La cuantía máxima de los recursos financieros correspondientes a los préstamos convenidos a los que se refiere la presente Orden, está comprendida en el volumen máximo de recursos a convenir con las entidades financieras colaboradoras, autorizado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 14 de mayo de 2009, para el conjunto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
La Orden tiene carácter básico y se dicta en desarrollo del apartado cuarto, punto 1, de la Orden VIV/1290/2009, de 20 de mayo, sobre convocatoria para la selección de entidades de crédito colaboradoras con el Ministerio de Vivienda en la financiación de actuaciones protegidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
