Madrid. Todo el futuro de Bankia, rescate, nacionalización, o como quiera que finalmente lo llamen, quedó definitivamente zanjado tras la reunión mantenida en Barcelona, el pasado jueves 3 de mayo, entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del BCE, Mario Draghi. Aunque, en realidad, las cartas que el italiano le puso a Rajoy sobre la mesa no eran más que un recordatorio de las recomendaciones que, una semana antes, había hecho al Gobierno español en Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los pasos que había que dar para que ese banco “de mayor tamaño” adopte “medidas rápidas y decisivas para fortalecer sus balances y mejorar su gestión y su gobierno corporativo”.
Sentencia tomada al pie de la letra por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para iniciar el cambio de rumbo en la entidad hasta ahora presidida por Rodrigo Rato y, desde el próximo viernes, por José Ignacio Goirigolzarri.
Partía el FMI para llegar a la necesaria intervención de Bankia sobre lo difícil que resultaría para algunas entidades cumplir con los requerimientos de provisiones sobre los activos inmobiliarios, y, como consecuencia de ello, “la percepción de los mercados sobre los crecientes riesgos soberanos y del sector bancario puede añadir presiones adicionales sobre los bancos, especialmente sobre aquellos que afrontan mayores necesidades de financiación mayorista”.
Por ello, entendía la institución dirigida por Christine Lagarde que, aunque la posición de liquidez ha mejorado y la financiación del BCE ha ofrecido cierto alivio, “los bancos españoles necesitan continuar fortaleciendo sus colchones de capital de forma que puedan acceder libremente a los mercados financieros”, para “abordar de forma efectiva y completa los activos problemáticos en las carteras bancarias”.
¿Cómo hacerlo? El FMI también indicaba el camino. “Hay una variedad de opciones para la gestión de los activos dañados, incluyendo su mantenimiento en los balances de los bancos o el establecimiento de sociedades públicas o privadas especializadas de gestión de activos. A fin de orientar sobre la mejor estrategia para el sistema bancario español de cara al futuro, un diagnóstico completo de los activos problemáticos puede ser particularmente útil”, recogía el informe.
Y solo quedaba la vía para el menor coste público posible, pero coste al fin y al cabo. “Las autoridades están adoptando una estrategia de reparto de la carga entre el sector público y privado con el fin de solucionar los bancos problemáticos. Los recursos públicos se canalizan a través del FROB -el vehículo establecido por el Estado para impulsar dicho proceso-, mientras que los recursos privados proceden del esquema de garantía de depósitos, el FGD, financiado por la industria. Para evitar que los costes de resolución sean demasiado elevados para que la industria los pueda soportar, una vez agotadas las opciones para una recapitalización privada puede ser necesario un mayor recurso a la financiación pública, con el fin de preservar la estabilidad financiera y evitar un excesivo desapalancamiento”. ¿Les suena? Pues eso.
